El Gobierno local aprobó el pasado 15 de noviembre en solitario una serie de modificaciones presupuestarias por importe total de 4,7 millones de euros con el objetivo de garantizar el pago de las nóminas del personal municipal en lo que resta del presente ejercicio.
PSOE y La Confluencia expresaron entonces su inquietud por el hecho de que hubiera sido necesario recurrir a la vía de las modificaciones presupuestarias para hacer frente al pago de las nóminas del mes de diciembre.
Es más, la concejala socialista Laura Álvarez aseguró que “el 53 por ciento” del total de esos 4,7 millones de euros no se van a destinar realmente al pago de salarios a la plantilla municipal, sino al de gratificaciones y productividades de las que se beneficia una pequeña parte del personal del Ayuntamiento.
Pero para poner dinero (4,7 millones de euros) en un sitio es necesario quitarlo de otro. ¿De dónde? La mayor partida (2,3 millones) sale del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, una herramienta con la que deben atenderse “las necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el momento inicial que puedan presentarse a lo largo del año”.
La Ley General de Estabilidad Presupuestaria puso en marcha este instrumento para reforzar los mecanismos de control de las modificaciones presupuestarias que, “sujetas a los principios de transparencia e información, contribuyen a una eficiente asignación y utilización de los recursos públicos”.
En teoría, la instrumentación del fondo supone por tanto una garantía de cara a evitar desviaciones en la ejecución del presupuesto, estableciéndose una mayor exigencia de los centros gestores al evaluar y establecer la prioridad de sus propuestas de gasto.
PSOE y La Confluencia dudaron de la legalidad de acudir a esta vía para hacer frente a esos abonos e incluso el informe del interventor no concluye si su opinión es favorable o desfavorable, sino que advierte de que en cualquier caso estamos ante una opción discutible, ya que vino a decir que el pago de esas gratificaciones y productividades podían o no ser imprevisibles o discrecionales según cada caso particular.
Más allá del controvertido recurso al Fondo de Contigencia, hay otras partidas a las que se aplica un recorte sustancial. La segunda en importancia es la que afecta al pago de intereses de demora a los acreedores públicos, que se reduce en 793.456 euros.
La tercera afecta ya al mantenimiento de los colegios públicos, de cuya partida se retiran 253.406 euros. Una cantidad similar (248.094 euros) se quitan de las actuaciones previstas en infraestructuras de la vía pública.
También se recorta en el pago de de primas de seguros relacionadas con la gestión del patrimonio (191.407 euros) y en las indemnizaciones vinculadas a esta misma materia (109.935 euros).
A las inversiones nuevas en infraestructuras y bienes relacionadas con el Plan Turístico de Grandes Ciudades se quitan 125.000 euros.
Por último se eliminan 62.665 euros del capítulo de vestuario de la Policía Local y alrededor de 79.000 euros de publicidad y propaganda destinada a la promoción turística en el exterior. El Plan de Actuación en el Comercio Local también sufre una merma de 52.000 euros.
