Difundido como una de las medidas estrellas para ayudar a los jóvenes, el bono social de alquiler, aprobado por el Consejo de Ministros, se erige como la solución al problema de acceso a la vivienda de la población joven, pero lo cierto es que entidades como Facua-Consumidores en Acción advierten de que su alcance será limitado. Además, la organización viene señalando que esta medida “no tiene ni la categoría de parche”. Lamentan que el Ejecutivo español no vaya intervenir en los precios de los pisos para evitar así las subidas de los mismos. Esta ayuda de 250 euros mensuales estaría destinada a los jóvenes de entre 18 y 35 para facilitar su emancipación en viviendas habituales que tengan una renta máxima de 600 euros al mes, ascendiendo hasta los 900 euros en algunos supuestos, además , el inquilino tendrá que tener ingresos y no tener una renta personal superior a tres veces el IPREM.
Frente a ciudades como Madrid o Barcelona en las que encontrar inmuebles cuya renta sea inferior a 600 euros es misión imposible, Paco Escot, gerente de Mistercasa, defiende que este bono sí que podría incidir positivamente en algunas localidades de la provincia de Cádiz, como Jerez, en las que el alquiler sigue siendo razonable. En cambio, Cádiz capital continuaría siendo la localidad más perjudicada, junto a Conil, Rota, Tarifa y algunas zonas de La Línea. Subraya también que esta ayuda sí que beneficiaría a las arcas del Estado porque “los inquilinos forzarían a muchos propietarios a que declarasen el alquiler”. Escot sostiene que aún así, si lo que se requiere es que sea vivienda habitual, seguirá siendo complicado encontrar arrendadores cuya propiedad la dejen en alquiler más allá del año.
En cualquier caso, la demanda actual supera con creces a la oferta en la provincia. Desde GICA, aseguran que “el arrendador en Cádiz tiene la capacidad de hacer un casting entre los demandantes”, y es que por cada piso hay 10 posibles clientes fiables. La presidenta de GICA, Begoña Gómez, insiste en que la medida es insuficiente y no arreglará la situación del mercado inmobiliario, ya que “tendrían que sacar ayudas que protegiesen al arrendador frente a posibles impagos de inquilinos”.
Instrumentar medidas que favorezcan el acceso a la vivienda es fundamental dadas las circunstancias actuales, pero Álvaro Pedreño, gerente de Hispania Servicios Inmobiliarias, indica que “estas medidas tendrían que tener un carácter más global, con efectos a largo plazo y que sirvieran para estimular el mercado”. Para que realmente haya un acceso viable y efectivo, Pedreño apuesta por diferentes medidas que vayan a la raíz del problema, la oferta. Aumentar la seguridad jurídica de los propietarios frente a la okupación, colaboración entre la administración y promotores privados para rehabilitar edificios del centro y destinarlos al alquiler y cambiar la regulación de locales comerciales a posibles viviendas residenciales, porque “si no hay oferta, por muchas medidas que se den, no se corrige el problema”.
