El juicio contra los ocho acusados de expoliar el sector B3 Santa Marta-La Orden, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en la Zona Arqueológica de Huelva, con obras para ampliar las parcelas que ocupaban en el mercadillo semanal de Huelva se ha fijado para el 9 de enero.

La vista, según han informado a Efe fuentes jurídicas, está prevista que se celebre a partir de las 10:00 horas en el Juzgado de lo Penal 4 de Huelva.

Los acusados se enfrentan, a petición de la Fiscalía, a 21 meses de cárcel cada uno y al pago conjunto de 216.040 euros a la Consejería de Cultura en concepto de indemnización, al considerarlos responsables de un delito de daños contra el patrimonio histórico.

Los hechos por los que van a ser juzgados tuvieron lugar, según el relato del fiscal, en abril de 2016, cuando uno de los acusados, en nombre y representación de otros cinco, todos ellos concesionarios municipales de puestos-parcelas para la venta ambulante en el "mercadillo" semanal de Huelva, situado entonces en la zona conocida como Santa Marta-El Seminario, encargaron a otro como representante y administrador de la empresa familiar la realización de trabajos de movimiento de tierras en cada una de las parcelas que tenían adjudicadas.

El objetivo era ampliar la superficie de las mismas y sobre todo poder aparcar sus vehículos en la misma parcela y no en los aparcamientos habilitados para ello.

La obras, para las que el responsable de la empresa no solicitó los permisos ni licencias preceptivas, fueron materialmente ejecutadas entre los días 7 y 14 de abril por el octavo acusado, utilizando maquinaria pesada y afectaron a dos parcelas, una titularidad municipal y otra de la Junta de Andalucía en las que se hicieron rebajes medios del terreno de más de 1,5 metros.

Las parcelas afectadas están inscritas en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz e incluidas en el Sector B-3 Santa Marta -La Orden, Zona Arqueológica de Huelva declarada BIC y en ella se han hallado en los últimos 50 años dos necrópolis y un poblado tardorromano, una estructura adscribible a época islámica y ya en 2005 varias necrópolis neolítica, calcolítica, de la Edad del Bronce, tardorromana y medieval islámica.

En todo caso el movimiento de tierras con maquinaria ha supuesto la perdida irreparable de información histórica causando daños al patrimonio histórico onubense ascienden a 216.040 euros: 21.700 euros de gastos de actividad arqueológica, 190.000 euros de perdida de materialidad y 4.340 euros por gastos de conservación.

Indica el fiscal que los acusados eran conocedores de la protección de la zona, no sólo porque desde hacia tiempo el Ayuntamiento negociaba con ellos su traslado sino porque en enero de 2016 se había producido otro expolio en un zona cercana cuya repercusión pública y mediática fue notoria.