El Gobierno central tiene hasta finales de octubre para responder al requerimiento remitido por la Junta de Andalucía para paralizar los proyectos de gas natural en el entorno de Doñana, y en base a su actuación la administración autonómica lo llevará o no a los tribunales.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha precisado hoy este extremo en rueda de prensa en Huelva, cuestionado por la resolución a dicho requerimiento remitido a mitad de julio al Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).
En ese escrito se pedía al Mapama que retirara las evaluaciones ambientales de los cuatro subproyectos e hiciera una sola teniendo en cuenta los efectos acumulados de lo que se entiende como un sólo proyecto; y que instara al Ministerio de Industria a la paralización de facto y oficial de la parte de Marismas Occidental, que la empresa tiene en ejecución.
Fiscal ha indicado que esperará la fecha límite de respuesta, remarcando que "sí no la hay o va encaminada a no realizar la evaluación de impacto ambiental conjunta iremos a los tribunales para que se paralice y ese aspecto pueda ser llevado a cabo".
La vía judicial se basará en los informes existentes que sobre este asunto aportó el Defensor del Pueblo Andaluz de varias administraciones, entre otras un informe del CSIC".
Dicho informe fue dado a conocer a principios de julio por el Defensor del Pueblo Andaluz, institución que lo encargó en marzo para conocer la situación del Espacio Natural de Doñana.
Con respecto a los proyectos de gas, alerta de que las Declaraciones de Impacto Ambiental de los cuatro tramos en los que se ha subdividido el proyecto del gasoducto no han evaluado los posibles riesgos sísmicos que, en su caso, pudiera originar la ejecución de éste.
La Junta de Andalucía mantiene una postura de rechazo con respecto al proyecto en base a informes propios, externos y a la opinión de sus técnicos.
