La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha impugnado los recursos de reforma presentados por los agricultores de las fincas de Matalagrana y Borrachuelos, en Almonte, en el entorno de Doñana, contra la orden judicial que ordenaba el cierre cautelar de los pozos para el riego de sus cultivos.
Dichos recursos fueron interpuestos a finales de diciembre ante los Juzgados de La Palma un recurso contra la orden dictada después de que la Fiscalía General del Estado lo solicitara como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo y en ellos alegaban la compatibilidad de sus cultivos con el acuífero 27, que surte de agua a Doñana y el hecho de que llevan "toda la vida cultivando en esa zona", por lo que la medida, supondría "su ruina".
En declaraciones a Efe, el fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, ha indicado que por esta parte, se ha pedido que se mantenga la medida cautelar porque considera que "existen datos y base suficiente para ello".
Por un lado, no cuentan con la autorización necesaria para la extracción de agua a través de dichos pozos y por otro hay periciales que ponen de manifiesto "que existen indicios de que esas extracciones están afectando al nivel del acuífero y, por tanto, al propio ecosistema de Doñana".
Flores ha informado de que esta orden recurrida es consecuencia de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Sala de Madrid a raíz de la investigación abierta en 2011.
En estos momentos se está a la espera de que el juzgado resuelva el recurso que presupone será favorable a la Fiscalía, por lo que es previsible que el asunto llegue a la Audiencia Provincial de Huelva mediante un recurso de apelación.
A estas causas se suman otras seis derivadas de denuncias interpuestas en los Juzgados de Moguer por la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva que ha conllevado ya el cierre cautelar de otra serie de pozos, y, en las que se está pendiente de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir determine la cantidad de agua que se ha podido extraer y cuál ha sido el daño ocasionado al dominio público marítimo terrestre.
En opinión de Flores, el uso ilegal del agua en Doñana es "un tema que desde el punto de vista penal es complicado" porque "si no se tiene la capacidad de acreditar la relación directa entre las extracciones de agua y el daño al acuífero, el procedimiento se quedaría en una multa que sería una cuarta o quinta parte de la que podría conllevar un expediente sancionador de la administración".
