La sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Huelva, integrada durante el año 2011 por el fiscal coordinador y delegado de jefatura de la especialidad, Alfredo Flores Prada, y por el fiscal Pedro Díaz Torrejón, ha destacado en su memoria anual el aumento del número de sentencias efectuadas pasando de 38 en 2010 a 68 en 2011, lo que supone un ascenso del 44 por ciento, sentencias de las que 19 han sido absolutorias y 49 condenatorias, que no han concluido prisión para ninguna persona, como penada o preventiva, en delitos de la especialidad.
   Según reza en la memoria anual, a la que ha tenido acceso Europa Press, de estas sentencias han sido dictadas ocho por delitos de Medio Ambiente y Ruidos, 11 por delitos contra la Flora y Fauna-Caza, 17 por Incendios Forestales, 31 en Ordenación del Territorio y una por delitos contra el Patrimonio Histórico.
   En esta línea, destacan que la labor asumida ha sido, como en los últimos años, el despacho de la totalidad de los asuntos en materia de delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, contra el Patrimonio Histórico, contra La Flora, la Fauna y el Maltrato de Animales y de Incendios Forestales, así como la asistencia a la mayoría de los juicios orales de la materia, una cuestión que consideran "complicada y que supone una carga añadida", dado el resto de servicios asignados y que ninguno de los fiscales se dedica en exclusividad a la materia, de tal forma que sólo se ha dejado de acudir a algunos juicios por incendios forestales imprudentes y a los de caza furtiva o de construcciones en suelo no urbanizable sin especial protección de poca importancia.
   Del mismo modo, estos fiscales se han dedicado a la tramitación de las diligencias de investigación e informativas correspondientes, a la contestación de todos los escritos referidos a la especialidad, a interponer el recurso en su caso contra sentencias contrarias a su posición y al despacho de todas las ejecutorias.
   En relación a las diligencias de investigación se ha incoado solo una a lo largo del presente año, ya que en los demás casos se ha preferido incoar diligencias informativas, siendo tres las incoadas, y ello por la mayor flexibilidad de su tramitación y los problemas derivados de la crónica escasez del personal auxiliar de esta Fiscalía. En total han sido 17 asuntos, dos menos que en 2010.
   Además en aquellos supuestos en que los hechos permitían la denuncia directa ante el juzgado, se ha optado por ella, solicitando la adopción de medidas cautelares, que impidiesen la continuación de las conductas delictivas. Así se ha hecho en once ocasiones, todas ellas en relación con delitos contra la Ordenación del Territorio, donde entienden preferible a la incoación y tramitación de las citadas diligencias, la denuncia-querella, con solicitud de medidas cautelares, que paralicen las obras o edificaciones que avanzan con enorme rapidez y con gran impacto negativo.
   A su vez solo ha habido un supuesto, en que ante denuncia de la Administración, se ha dictaminado el archivo por entender motivadamente que los hechos carecían de relevancia penal. Al respecto, ha destacado que en este caso, al igual que en los últimos años, no tienen constancia de que la denuncia se haya reproducido luego ante el juzgado competente.
   En este sentido, remarcan en la memoria que sigue siendo pronto para valorar si está disminución marca una tendencia relevante y cuáles puedan ser sus causas, si bien reiteran, como decían en 2010, que "las condenas y en general las sentencias de los últimos años están teniendo un importante efecto preventivo general en toda la provincia".
   En su mayor parte, las denuncias interpuestas se referían a hechos que podían ser constitutivos de delitos o en todo caso infracciones administrativas --vertederos de residuos, vertidos de aguas sin depurar o con depuración deficiente, aguas-suelos contaminadas, pequeñas actuaciones urbanísticas de vecinos colindantes o en suelos no urbanizables sin especial protección, contaminación acústica o malos tratos de animales--.
   En todos los casos se han emitido informes motivados, sobre todo cuando se archivaban denuncias y se ha informado a los denunciantes, incluso personalmente por vía telefónica, de las distintas posibilidades de actuación que tenían.
   Como asuntos especialmente preocupantes, destacan los cambios de uso y extracciones ilegales de agua en las zonas próximas a Doñana; las construcciones ilegales, no solo en parajes protegidos sino en general en suelos no urbanizables de todas las localidades, donde sería "esencial mayor compromiso y colaboración de los ayuntamientos"; los casos de contaminación acústica con afectación de la salud de los ciudadanos en forma de delitos de lesiones y ataques graves a su intimidad domiciliaria y todo lo relacionado con las balsas-depósitos de antiguos residuos mineros, vertederos y los vertidos de aguas residuales sin depurar y sus efectos sobre las aguas y la atmósfera.

NECESIDADES
   También insisten en "la prioridad" de que esta sección de medio ambiente se asemeje a otras, en el sentido de contar con un espacio físico propio y personal auxiliar adscrito, ya que es "la única manera de cumplir de forma eficaz con las funciones encomendadas", a lo que añaden que "ojalá que la futura construcción en la capital de la Ciudad de la Justicia pueda resolver dichas carencias".
   De igual modo, destaca "la acuciante necesidad" de la creación de puestos de peritos en todas las materias propias de la especialidad, ya que se hace "imprescindible" el que fiscales y tribunales puedan contar de forma "sencilla y efectiva" con tales peritos imparciales y expertos y ello como única forma de evitar "enormes retrasos" en la tramitación de algunas causas en las que es enormemente complicado para los juzgados.
   La Fiscalía ha incidido a su vez la buena relación mantenida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --Seprona, Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad Autónoma y los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía--, con las administraciones, con los medios de comunicación y con las ONG dedicadas al ecologismo, concretamente con WWF, con la que se han mantenido reuniones y contactos "muy fructíferos" en la persecución de los Cambios de Uso y los pozos-balsas ilegales para el riego en las zonas freseras próximas al Espacio Natural Doñana, o con Ecologistas en Acción para tratar el asunto del vertedero de Nerva.
   En este punto, en la memoria los fiscales tildan de "problemático" el hecho de que el área de Medio Ambiente de la Unidad Adscrita del CNP y dentro de una reestructuración interna, haya desaparecido como tal, lo que "lógicamente, y pese a la profesionalidad y empeño de sus integrantes y de su jefe, limita su capacidad de actuación, teniendo además muy en cuenta que al asumir competencias en Pesca, han dedicado muchas jornadas a la lucha contra el marisqueo ilegal".