En el contexto actual de sequía, en el que las políticas en materia de agua son más vistas que nunca con lupa, las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción no han dudado en recurrir a los tribunales ante lo que consideran una planificación “insostenible” de los recursos hídricos en el Tinto, Odiel y Piedras.

Así, han presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que daba luz verde a finales de julio al Plan Hidrológico del Tinto-Odiel-Piedras, cuya gestión corresponde a la Junta de Andalucía.

El recurso ha sido admitido a trámite y ahora el ministerio tiene un plazo de 20 días para remitir el expediente administrativo correspondiente, en caso de no recurrir la admisión a trámite.

Son muchos los argumentos que dan las organizaciones ecologistas para rechazar el plan hidrológico pero el resumen es que “las medidas aprobadas en dicho plan podrían llevar a la cuenca al colapso hídrico, llegando a vulnerarse el derecho humano al agua en algunas poblaciones que forman parte de la misma”.

Así lo han indicado en un comunicado en el que destacan que el inventario de recursos hídricos previsto en el plan está “sobreestimado, sin contemplar las reducciones de aportaciones que establecen los escenarios de cambio climático para este nuevo ciclo de planificación”.

En lo que respecta a los usos y demandas, las organizaciones advierten de que este ciclo de planificación prevé un incremento de más del doble en las dotaciones para orientarlas a la obtención de beneficios de la producción agrícola industrial de regadío frente a otros usos, y que, para hacer esto, el plan se apoya en una previsión de recursos hídricos que está “falseada”.

Del mismo modo, cnsideran que el plan cuenta con la disponibilidad de unos recursos que no existen en la demarcación, “ni hay seguridad de que se cuente con ellos en el futuro”, entre otros motivos por “la inexistencia de base legal para la transferencia de recursos desde la Cuenca del Guadiana”. De hecho, en este aspecto apuntan que el plan “rebasa las competencias transferidas a la Junta, estableciendo caudales ecológicos en el río Chanza, cuya competencia corresponde a la Confederación del Guadiana”.

Por otro lado, las organizaciones aseguran que el plan prevé un incremento de las dotaciones que se están realizando desde el Bocachanza al sistema del Tinto-Odiel-Piedras y un incremento de las extracciones, lo que “implicaría un incumplimiento del convenio de  Albufeira por parte de la Junta de Andalucía e iría en contra del principio de unidad y gestión de cuenca”.

En materia de valoración del estado de las masas de agua subterráneas, las organizaciones alertan de que “un incremento de la superficie de regadío vendría a ejercer mucha más presión sobre el estado cuantitativo de los acuíferos, sobre los que se vienen haciendo extracciones ilegales de forma reiterada”.

Por último, tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción muestran su “sorpresa” por que se siga planteando la continuidad de las obras de la presa de Alcolea como una de las fórmulas para incrementar la disponibilidad de recursos hídricos, pues “todos los pronunciamientos científicos y los estudios realizados corroboran la mala calidad de las aguas del Odiel y del Oraque”, a lo que habría que añadir que “la apertura de nuevas actividades mineras previstas contribuirá, más aún si cabe, a empeorar la calidad de esas aguas”.