Los miembros de las secciones sindicales onubenses de Acaip-UGT y CSIF han mostrado este jueves su rechazo a la visita del secretario general de Instituciones Penitenciarias Ángel Ortiz al centro penitenciario de Huelva, con motivo del 25 aniversario de la puesta en marcha de la cárcel onubense, al entender que "no tenemos nada que celebrar con quien ignora y menosprecia nuestra labor diaria".
Ortiz ha sido recibido a su llegada a la cárcel de Huelva con una pancarta de protesta y gritos reivindicativos con los que los sindicatos querían poner de manifiesto que "los trabajadores penitenciarios estamos hastiados de las inconsistentes y degradantes directrices marcadas desde Madrid, que ponen en cuestión tanto nuestro trabajo y que ponen en riesgo nuestra seguridad jurídica y física".
Según han explicado en un comunicado el historial reciente de desencuentros entre los representantes de los trabajadores y la Administración: "Iiniciado el conflicto laboral en 2017, que fructificó en masivas huelgas generales en los meses de octubre y diciembre de 2018, ya en 2019 comenzaron unas largas negociaciones infructuosas con una administración penitenciaria anquilosada y obstruccionista que ha ido incumpliendo sistemáticamente los compromisos asumidos frente a los representantes sindicales de modernización de la Institución y, en consecuencia, múltiples mejoras reivindicadas por los trabajadores que debería ser recogida en una Ley de Función Pública Penitenciaria, que a día de hoy está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso y que la administración ha dejado de negociar con las organizaciones sindicales". Además, "ante la falta de negociación Acaip-UGT y CSIF han declarado ante el Ministro del Interior el conflicto laboral el pasado 23 de septiembre".
En el caso concreto de Huelva, indican que "los trabajadores de los dos centros penitenciarios onubenses no son ajenos a los principales problemas del resto de centros dependientes de la Secretaría General, con un déficit de personal del 5%, de forma alarmante en el área sanitaria, con cinco plazas vacantes de facultativos, viéndose mermada la atención sanitaria a la población reclusa. Junto con la persecución que sufren los funcionarios en las actividades de su día a día, la desprotección legal contra las agresiones, la realización de obras que no han tenido en cuenta la seguridad de la prisión onubense, y así como un retroceso en los medidas de conciliación laboral y familiar con la anuencia de la Subdelegada del Gobierno".
Pese a todo, aseguran que "los trabajadores penitenciarios han demostrado durante los momentos más duros de la pandemia su compromiso y su profesionalidad como servicios esenciales para la comunidad". Además, aseguran que si la cárcel onubense tiene hoy un buen nombre es gracias a su personal: "Hemos de señalar la gran labor llevada a cabo por los trabajadores que han formado parte de la plantilla durante este periodo y que han convertido al CP Huelva en un referente nacional".
Sin embargo," la administración penitenciaria sigue menospreciando a un colectivo imprescindible en la ejecución de las sentencias. Y es de justicia que se reconozca las reivindicaciones históricas del colectivo, como la condición de agentes de la autoridad, la formación universal, la cobertura de todas las plazas vacantes y la adecuación retributiva a las funciones que se realizan con la adscripción al grupo B del TREBP y la reclasificación de los centros penitenciarios, que suponga el fin de las diferencias salariales de los trabajadores en función del centro donde se preste servicio".
