El PSOE, que está personado como acusación popular en el llamado 'caso Nazarí' sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada desde el año 2000 hasta prácticamente el 2015, ha solicitado el sobreseimiento provisional de la pieza separada conocida como 'expediente San Jerónimo' por entender que las supuestas irregularidades administrativas cometidas en este caso no tienen relevancia penal.

En ella, el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha procesado a varios miembros de la antigua cúpula de Urbanismo, incluyendo a la que fuera concejal del área Isabel Nieto (PP), por supuestas irregularidades en el desarrollo del plan parcial PP-N2 y en la concesión de la licencia de primera ocupación para las 300 viviendas de la urbanización 'Ciudad de la luz'.

En el escrito remitido al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE matiza que comparte la "existencia de una práctica generalizada de corrupción en el ámbito de la gestión del urbanismo municipal" durante este periodo, pero entiende que en "el caso concreto de esta pieza separada las irregularidades, junto con el marco normativo y el debate sobre gestión urbanística, excluyen la relevancia penal de estas conductas".

Junto a ello, los distintos informes emitidos por el Ayuntamiento de Granada a lo largo de esta dilatada instrucción descartan que haya habido un perjuicio económico para las arcas municipales por este caso y, por ello, la acusación ejercida por el PSOE se ve "obligada a solicitar el sobreseimiento provisional" de esta pieza para todos los investigados.

Además de la exconcejal de Urbanismo, están el que fuera director de Obras Municipales, Manuel Lorente; la exdirectora general de Urbanismo y el exdirector general de Licencias, en otros altos cargos de la época, así como el promotor José Julián Romero. La jueza les atribuye posibles delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita/organización criminal, prevaricación (común y urbanística), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio.

INFORMES DE LA JUNTA

En los informes que la Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha ido emitiendo a lo largo de la instrucción, y en los que se ha basado el juzgado en su auto de procedimiento abreviado, se expone que el Plan Parcial PP-N2 del PGOU de Granada en su diseño y redacción habría invadido dominio público hidráulico con la invasión de terrenos propios del cauce del Barranco de San Jerónimo.

Así, era necesario modificar su trazado con autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero tras una larga tramitación este organismo lo autorizó, por lo que el PSOE mantiene que no puede hablarse de una "actuación arbitraria hasta el punto de la incompatibilidad con el ordenamiento jurídico".

El segundo asunto es la licencia de primera ocupación de las 300 viviendas de la Ciudad de la Luz, compuesta de dos edificios y situada en la calle Pedro Machuca, la cual se habría concedido "sin terminar las obras de la urbanización previstas en el correspondiente proyecto de urbanización". El PSOE hace constar a este respecto que hubo informe favorable del arquitecto jefe de Servicio y del director de Obras Municipales al otorgamiento de esa licencia de primera ocupación y mantiene, por tanto, que todo este asunto gira en torno a si es posible o no la recepción parcial de una obra de urbanización en determinadas circunstancias.

La Junta de Andalucía expuso en los informes aportados a la instrucción que no puede hacerse. Sin embargo, la acusación ejercida por el PSOE matiza que esta posibilidad sí estaba aceptada expresamente por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y ha sido más refrendada aún ahora por la ley para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). Lo sustancial aquí es que en el ámbito de las 300 viviendas, existiendo funcionalidad propia y autónoma, exista plena disposición de la totalidad de los servicios urbanísticos, como luz, acerado, abastecimiento o saneamientos.

Es precisamente la "constatación de esta polémica doctrinal y legislativa" la que lleva al PSOE a pedir el sobreseimiento provisional de esta pieza separada por entender que los hechos no tienen relevancia penal, aunque sí puedan tenerlo desde el ámbito administrativo.