Piden reformar la Ley del Menor para que no quede impune el suceso de Carballiño

Publicado: 14/09/2021
“El jueves 9 de septiembre de 2021 mi hermana Nuria, una niña de 13 años, sufrió un brutal ataque por parte de un amigo"
Familiares de la joven adolescente, gravemente atacada en O Carballiño, han impulsado una iniciativa en la web change.org para pedir una reforma de la Ley del Menor y que sucesos como el ocurrido el pasado jueves, cuando presuntamente un menor de 14 años agredió a su amiga, “no queden impunes”.

La iniciativa, impulsada por su hermana y que supera en estos momentos las 2.600 firmas, pretende una modificación de la Ley para que “ninguna persona” sufra este tipo de tragedias y que “ningún menor pueda aprovechar este vacío legal para destrozar a una familia y quedar impune”, apunta en el texto.

“El jueves 9 de septiembre de 2021 mi hermana Nuria, una niña de 13 años, sufrió un brutal ataque por parte de un amigo que confesó más tarde a la policía que quería saber qué se siente al matar. Fue golpeada con una pata de cabra numerosas veces y arrojada del balcón de un segundo piso en O Carballiño, Galicia”, abunda la impulsora de esta iniciativa.

Además, la joven invita a la reflexión sobre el hecho de que mientras su hermana se encuentra “hospitalizada y recibiendo cuidados intensivos” su presunto agresor sea “inimputable por tener 13 años”.

Según el artículo 3 de la Ley 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal del menor, los menores de 14 años en España son inimputables en la vía penal. La Fiscalía debe remitir el caso a Servicios Sociales cuando tiene constancia del caso, pero en ningún momento se puede actuar contra el menor porque judicialmente no es responsable.

En la actualidad, el presunto agresor se encuentra a la espera de ser evaluado por profesionales de la Unidad de Salud Mental del Hospital Clínico de Santiago tras lo ocurrido en Carballiño, cuando la adolescente se precipitó desde la segunda planta del domicilio de él.

Una vez que los profesionales efectúen la valoración, se prevé que la entidad pública - la Xunta - asuma la tutela del menor.

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