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Mariscadores de la ría de O Burgo critican los "cruces políticos" entre Gobierno y Xunta

Denuncian que ha sido "imposible" reunirse para aclarar quién debe abonar las indemnizaciones por el dragado

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  • Ría de O Burgo. -

Los mariscadores de la ría de O Burgo, en A Coruña, han criticado los "cruces políticos" entre el Gobierno central y la Xunta a causa de las compensaciones económicas que percibirán durante las obras de dragado, que han sido licitadas por el Ejecutivo estatal en las últimas horas a falta de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A través de un comunicado, el colectivo lamenta que las dos administraciones "se pasen la pelota" y que no haya una "solución al problema". "Queda pendiente que el Gobierno y la Xunta se sienten a hablar con el sector y tomen las medidas necesarias para las compensaciones económicas", reclama.

Según los mariscadores, después de tres meses ha sido "imposible" reunirse con representantes de ambos Gobiernos y reprochan que ambos les "ignoren". "Es una actitud incomprensible en una administración de un país democrático", censuran.

El colectivo, que reúne a alrededor de un centenar de trabajadores, apunta al Gobierno del Estado como "titular de los terrenos" y "contratista" de las obras, pero también señala que el Ejecutivo autonómico tiene "las competencias marisqueras".

COMPETENCIA

Ante el anuncio de que las obras comenzarán este mismo año, los mariscadores piden al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que convoque un encuentro entre la Abogacía del Estado y los letrados de la Xunta para determinar "de quién es la competencia" de abonar las compensaciones.

"Políticamente están enrocados y no resuelven la situación", reprocha el sector, que se muestra satisfecho con que las obras de dragado, "tan esperadas", se vayan a acometer este año. "Esperamos que se realicen en el primer semestre", concluye.

Además, el colectivo anunció en el mismo comunicado que ya han enviado "toda la documentación" relativa a la investigación por contaminación de la ría a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Continúa así, explica, la denuncia presentada en 2010.

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