El pasado fin de semana se reunieron en la ciudad de Granada nada más y nada menos que treinta y cinco catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de diferentes Universidades españolas con un único fin: elaborar un documento poniendo en entredicho el funcionamiento de la Agencia Tributaria española. Créanme cuando les digo que el documento que se ha elaborado no tiene desperdicio.
Son muchos los puntos tratados en dicho documento por tan cualificados profesionales, pero me referiré en esta ocasión a los que considero más claros y patentes, lejos de toda duda. Todos sabemos que la Agencia Tributaria se creó con la finalidad de gestionar los fondos recaudados para sostener los gastos públicos, pero lo cierto es que, con el paso de los tiempos, esta finalidad se ha desvirtuado de tal modo que el objetivo actual de este organismo se ha materializado en un afán desmesurado por recaudar, olvidándose y dejando a un lado los derechos y garantías de los administrados y contribuyentes.
Parece mentira que un principio tan fundamental en nuestro ordenamiento jurídico como es el de presunción de inocencia llegue a tornarse en justo el contrario, esto es, el de presunción de la culpabilidad. Esto se traduce en que es el contribuyente el que tiene que probar que es inocente en lugar de lo que tendría que ser, es decir, que la Administración pruebe que el contribuyente sea culpable. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez con que ha cometido un simple error de cálculo en la declaración del IRPF y Hacienda no sólo le liquida el impuesto que debió ingresar, sino que también le sanciona? ¿O cuándo uno se deduce un gasto porque considera que es necesario para la actividad y Hacienda no sólo no se lo reconoce sino que también lo sanciona?
¿Y qué ocurre con la desigualdad tributaria, propiciada por nuestro Ministerio de Hacienda? Esto es lo que se ha venido en llamar “cantonalización tributaria”, es decir, una clara falta de respeto al principio de igualdad, que se concreta en la necesidad de que "todos" los españoles tengan que tributar de modo similar independientemente de que residan en uno otro lugar de España. Un claro ejemplo es el impuesto sobre las sucesiones, donde se tributa de diferente forma según el territorio.
Podría seguir hablando de muchas más cosas (sustitución del concepto de contribuyente por el más genérico y ambiguo de obligado tributario con las connotaciones que ello tiene, la falta de separación real entre los procedimientos de liquidación y sanción, vulneración de la seguridad jurídica, tributación más favorable de las multinacionales, etc.), pero quiero referirme especialmente a la utilización política que de todo esto se está haciendo. Y es que, como estamos viendo en estos días con los Presupuestos Generales del Estado, todo se pacta, se compra y se vende. No se tiene ningún escrúpulo en hacer concesiones a cambio de votos afirmativos.
