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Impuestos, ¿son siempre negativos?

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La polvareda levantada por el aumento de los impuestos sobre la gasolina y el tabaco es significativa de lo que ha cuajado en la opinión pública la concepción negativa sobre la fiscalidad. Ha ocurrido que la derecha y la izquierda han coincidido en competir en el descrédito de la recaudación del estado: los dos grandes partidos se echan en cara el uno al otro que presumen de bajar los impuestos cuando en realidad los suben.

Los impuestos de distinta naturaleza son el mecanismo que tiene el Estado para proveerse de recursos con los que satisfacer los servicios que presta a la sociedad. Pero además, desde un criterio progresista es la forma de reunir fondos para una redistribución de la riqueza, socorrer a quienes tienen menos recursos y fomentar la igualdad.


Hubo una época en la que la socialdemocracia se distinguía por utilizar la fiscalidad como instrumento fundamental del estado de bienestar y la progresividad de la recaudación en función de rentas de trabajo y de beneficios de capital y de sociedades eran la vía redistributiva.

En España la tendencia de los últimos años, gobernase la izquierda o la derecha, ha sido la disminución de la progresividad fiscal, la desaparición o amortización de los impuestos sobre el patrimonio y las sucesiones y la realidad de que la carga impositiva más gravosa en proporción cae sobre las rentas del trabajo que son las que más difícil escapatoria tienen y más comodidad recaudatoria permiten.

Si el Estado se endeuda y quiere mantener el nivel de inversiones y prestaciones de subsidio no queda más remedio a corto y medio plazo que aumentar la presión fiscal y pagar entre todos y proporcionalmente el esfuerzo que habrá que realizar para salir de la crisis y proteger a los más débiles. Sostener lo contrario es estar dispuesto a dejar caer también a los sectores financieros y empresariales en crisis porque el dinero que reciben como tabla de salvación proviene directamente del déficit del Estado y del endeudamiento y la recaudación. Parece que las subvenciones y las ayudas del Estado, para muchos, sólo tienen sentido cuando las reciben las empresas o los sectores financieros e industriales y no los desempleados o los marginados.

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