Este ciudadano boliviano, continúa informando la Comisaría, era capataz de una cuadrilla de trabajadores inmigrantes en situación irregular en España y era el encargado de ponerse en contacto con las diferentes empresas o encargados de fincas donde se emplearía la cuadrilla en labores de recolección de cítricos.
Esta organización tenía su zona de actuación principal en las zonas comprendidas entre San Martín del Tesorillo, Secadero, San Pablo de Buceite y Jimena de la Frontera.
El detenido también era el encargado del reclutamiento de personal, la búsqueda de alojamiento así como el que llevaba la cuenta de las cajas de naranjas que cada trabajador recogía y entregárselas a la empresa o encargado que les contrataba.
La operación se saldó con la detención de 21 personas más por infracción a la Ley de Extranjería: 15 de Bolivia, 3 de Senegal, 2 de Guatemala y 1 de Gambia. Los inmigrantes eran empleados en condiciones que rozaban la esclavitud, dado que no solo se les daba empleo sin contrato y, por tanto, sin cobertura social alguna, sino que se les pagaba un salario ínfimo, debiéndoseles además la paga de dos meses de trabajo, lo que suponía deudas que oscilaban entre 700 y 1.200 euros.
Esta precaria situación llevó a los trabajadores a manifestar su intención de que la Policía procediera a la expulsión a su país una vez hubieran cobrado al deuda, debido que no podían seguir en esta situación en nuestro país.
Declaraciones
Por su parte el primer detenido y presunto máximo responsable de estos hechos, Ponciano Cardoso, declaraba a este medio que fueron detenidos el lunes 6 de abril y que él estuvo retenido 48 horas.
Al ser puesto en libertad se le informó que no podría abandonar el país en dos años y que tres veces al mes, los días 1, 10 y 20, debería ir a firmar al Juzgado número 2 de San Roque. Cardoso señaló ayer que él no es el responsable de esta situación, asegurando que desconocen quién es el titular de la empresa y sólo desean cobrar el dinero que se les adeuda.
En la mañana de hoy estos trabajadores tienen previsto regresar a su lugar de trabajo para reclamar los casi 30.000 euros que, añade, no les han abonado.
En la actualidad todos se encuentran en paro y la situación, según relata Cardoso, se está empeorando ya que los ánimos están muy crispados por la falta de ingresos y sus antiguos compañeros le están culpando de todas las irregularidades laborales que han vivido.
