La sección algecireña de la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al alcalde de Los Barrios, Alonso Rojas, a seis meses de inhabilitación para el desempeño de cargo público y a una multa de un total de 720 euros por el conocido como caso Dytras, tras el recurso de apelación presentado por el regidor en relación a la sentencia dictada por el Juzgado de Lo Penal Número 2 de Algeciras el pasado mes de julio.

Al alcalde se le condena por la comisión de un delito de desobediencia por no hacer efectivos a tiempo los requerimientos de pago por la construcción de las dos depuradoras del municipio, obra ejecutada por la empresa Dytras. Después de varios recursos, Rojas fue condenado, por lo que presentó un recurso ante la Audiencia Provincial, la cual ahora ratifica la sentencia condenatoria.

La sentencia aprecia también la restitución del daño causado, puesto que el alcalde, como dijo en el juicio, pagó la deuda a Dytras, aunque no en tiempo y forma, incurriendo en la desobediencia.

Constitucional
La reacción municipal a la sentencia fue rápida y tajante. Rojas adelantó a las 12.30 horas en una convocatoria extraordinaria a los medios de comunicación que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional, e insistió en varias ocasiones acerca de que “desde que tuve conocimiento de la sentencia” por la que se requería al pago de la deuda con Dytras, “se ha hecho todo lo posible por pagar” y que de hecho el pago de la deuda “está demostrado”.

El alcalde manifestó que “por dignidad quiero que me saquen del pelotón de condenados, tras quince años de trayectoria honrada en la alcaldía” y consideró “vulnerados” sus derechos con esta resolución judicial. En cuanto a su estado de ánimo, declaró sentirse “indignado” porque tiene “muchas ganas de seguir trabajando por el pueblo” y por esa razón pretende que, con el recurso presentado, la sentencia “no se lleve a efecto y que sea el Tribunal Constitucional el que decida”y, si es necesario, solicitaría incluso el indulto al consejo de Ministros.

En cuanto a las posibilidades con que cuenta este nuevo recurso, Rojas se mostró esperanzado de que “a partir de ahora todo será más fácil”, ya que en el fallo judicial “me han estimado parcialmente” el recurso anterior -con una extensión de 50 folios- en referencia a que efectivamente se había realizado el pago. Además, mantuvo que “no había recibido ninguna notificación, con lo cual no puede haber desobediencia”. Además, se lamentó de que no se practicasen determinadas pruebas que demuestren este aspecto”. Para el primer edil, cuando accedió al cargo en 1994 “el primer error que cometí fue reconocer la deuda”.

Con respecto a la empresa denunciante, Dytras, encargada del proyecto de las dos depuradoras, Rojas sospecha de“algún interés más” al margen del puramente económico o jurídico en la actitud de la firma durante todo el proceso. resaltó el interés de la empresa en continuarlo cuando ya había cobrado la deuda y sus intereses”. Insistió:  “mi actitud ha sido siempre la de pagar, y comentó que cuando se presentó la denuncia ante el contencioso administrativo “ya habían cobrado casi toda la prima.

Repasando la secuencia de los hechos, Rojas apuntó a que la deuda con Dytras es un debe que su Corporación Municipal “no genera”, que sin embargo “reconoce” y que posteriormente “se ha pagado”, con el consecuente “agradecimiento” recibido por parte de Dytras, de la que dijo que las empresas “están para otras cosas”.

Durante su comparecencia, Rojas invitó a hacer una reflexión acerca de la situación que viven “cientos de alcaldes de este país”, recordando que en muchos casos “no se cuenta con solvencia para afrontar los pagos, de ahí que se busquen fórmulas alternativas”, como las utilizadas en el caso de Dytras.

Estos argumentos no difieren mucho de los utilizados por el alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez (PP), durante el juicio, también por una acusación de desobediencia a una orden judicial de pago, que se celebró contra él el pasado mes de diciembre. Juárez está a la espera de que la Audiencia Provincial ratifique o revoque la sentencia condenatoria, que también implicaría su inhabilitación.

Rojas no habló en ningún momento de la posibilidad de dimitir. Preguntado acerca de la posibilidad de que la oposición pidiese de nuevo su cabeza, el primer edil ironizó al respecto que “cada vez que se levantan por la mañana tienen esa idea en la cabeza, así que imagino que en este momento también la tendrán”. Al entrar en materia, Rojas pidió “un poco de mesura” y dirigió al resto de partidos un mensaje claro: “Pueden pedir lo que quieran , pero no confundir a la gente”.

Los concejales del PSOE cerraron filas en torno a Rojas y mostraron al alcalde “su apoyo incondicional”, al tiempo que ofrecen al primer edil “su total disposición”, en palabras del portavoz, Alfonso Pecino.Al mismo tiempo, añadió a lo ya dicho por Rojas que se trata de “un extremo muy peligroso” que una empresa “intente derrocar un gobierno elegido democráticamente”.

Antecedentes
El proceso del caso Dytras tiene su origen en los primeros años de la década de los 90 cuando se encargó a Dytras la construcción de las depuradoras de Guadacorte y el casco urbano sin contar con consignación presupuestaria. Cuando Alonso Rojas accedió a la Alcaldía realizó un reconocimiento de la deuda que dio pie a la empresa a exigir el pago de un total de 3,6 millones de euros por los trabajos ejecutados.

Sin embargo, el Ayuntamiento no hizo efectiva esa cuantía en el plazo requerido, lo que provocó el comienzo del proceso judicial en el año 2000. No obstante, Rojas cumplió finalmente con la deuda y las cantidades exigidas por la sentencia, conforme lo permitió la disponibilidad económica del Ayuntamiento.  Asimismo, Rojas recordó el pasado mes de julio que “la elevada deuda fue contraída con anterioridad a mi mandato y careciendo de la debida consignación presupuestaria para ello”.

Partido Andalucista
El portavoz del Partido Andalucista, Jorge Romero, arropado por los concejales, mostró ayer su “indignación” por la sentencia de inhabilitación al alcalde Alonso Rojas, resaltando que “se le ha inhabilitado por desobediencia judicial y no por otra causa, por mucho que intente desviar la atención hacia otros lados”.

Asimismo, Romero aseguró que “el PA siempre ha respetado las resoluciones judiciales y en este caso, nos sentimos indignados. Este es un precedente peligroso como ha dicho hoy el PSOE, que atenta contra el sistema del estado de derecho y de bienestar que supuestamente tenemos”.

Por otro lado, el portavoz de los andalucistas comentó que “si a Alonso Rojas le queda algo de dignidad política y si de verdad le queda algo del cariño que dice que le tiene a este pueblo, que acate la sentencia. Le pido cordura y dignidad para acatar la sentencia y no hacer más daño al futuro de este pueblo”.

Para Romero “el actual alcalde de Los Barrios no puede aferrarse a un sillón como si fuese suyo tras recibir dos resoluciones judiciales que lo inhabilitan. Si el actual equipo municipal de gobierno no quiere ser cómplice del daño que se le está haciendo a este pueblo que lo obliguen a aceptar la renuncia”.

Por otra parte, el portavoz del Partido Andalucista le exige al PSOE, a todos los niveles, “que tome cartas en el asunto y que se pronuncie al respecto, que cuando se trata de pedir dimisiones a los demás partidos son los primeros que lo hacen y ahora deberían dar ejemplo no permitiendo que un alcalde inhabilitado siga en ese sillón”.

Según indica Romero “al PSOE le corresponde por responsabilidad moral, ética, ciudadana y política, al representar a casi el 40% de la población que votó en las pasadas elecciones, exigir a Alonso Rojas que deje la Alcaldía. El Partido Andalucista se presentó a las pasadas elecciones como alternativa de gobierno y seguimos apostando por el cambio político en el municipio de Los Barrios, necesario e imprescindible para el futuro del municipio”.

Por otra parte, Romero considera que “si Rojas fuese de otro partido, el PSOE estaría pidiendo su dimisión hace mucho tiempo. Ahora el alcalde nos pide a la oposición que mantengamos la mesura y no confundamos a la gente. Hay que tener desfachatez para decir esto cuando se está inhabilitando al alcalde de un pueblo que está perjudicando los intereses del municipio y se ha dedicado a amenazar a los políticos de la oposición y a mi me ha querido llevar al juzgado por decir que la partida presupuestaria para concejales con dedicación exclusiva iba a aumentarse. Tenemos que hablar porque somos alternativa de Gobierno y la responsabilidad política nos obliga a ello”.

Partido Popular
Por su parte, el Partido Popular se pronunciará hoy sobre la sentencia sobre el caso conocido Dytras. A la comparecencia acudirá la única concejal de la agrupación local, Maite Corrales, acompañada del dirigente popular de la Villa, David Gil.