El Sr. Romero se vuelve a tirar un órdago con la bravuconería que acostumbra y llevará nuevamente a pleno la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos de 2012 y la plantilla laboral. Y se rumorea, además, que tratará de impedir la votación de los ediles D. Gil y M. Domínguez, en lo que algunos consideran una jugada de estrategia magistral y, en realidad, no es más que una sucia y demagógica artimaña para dejar a la oposición en minoría, nunca vista en la historia de la democracia.

La argumentación que esgrime el gobierno del PA es ya sabida: el conflicto de intereses en el que supuestamente incurren ambos concejales, con un familiar cada uno entre los trabajadores afectados por la amortización de plazas, basándose en una interpretación tendenciosa y manipuladora de la legislación vigente. Conste que me expreso no en mi calidad de jefe de prensa aún represaliado, pese a la sentencia en firme a mi favor que me restituye en mi puesto, sino como ciudadano que actúa en conciencia. Aunque reconozco que si estuviera ahora ya en el ejercicio de mis funciones en el gabinete –pienso que podrán comprenderlo– esta opinión me la reservaría, no por ética, sino por estética profesional.

La tesis andalucista no aguanta siquiera un análisis jurídico somero de un profano en la materia y mucho menos de un experto en Derecho Público y Derecho Administrativo, así que no creo, en absoluto, que la secretaria de la Corporación se atreva a avalar un informe en tal sentido y jugarse lo que se juega. La situación a la que pretende conducir el pleno el Sr. Romero y compañía en este punto es tan absurda, que raya casi en el surrealismo.

Si para la votación de la cuestión de confianza, tuvieran que abandonar Gil y Domínguez el salón plenario, deberían abandonarlo también los demás ediles dado que todos cuentan con familiares, allegados y amigos entre la población, a los que afectarán las cuentas que se aprueben para el año que viene. Admitir ese recurso a una picaresca malévola en un asunto tan serio supondría aceptar que se le hurte el voto a dos representantes de la ciudadanía, democráticamente elegidos, cuando lo que se dirime no es ya el presente o futuro de dos vecinos o el de 178, ni siquiera el de la misma institución, sino el de la localidad en su conjunto.

El ardid urdido por el ahora alcalde de este municipio y sus taimados asesores es, pues, una burla y una tomadura de pelo, una provocación en toda regla, tan descarada que todavía no sé como hay quien –¡ya le vale!– desde un medio de comunicación social de destacada relevancia en la comarca incluso se atreve a ensalzarlo.
Ni PP ni PIBA se pueden dejar arredrar por semejante fanfarronada. Harían el ridículo y quedarían en evidencia.

La calidad del político que asume la responsabilidad de gobernar no se mide por su grado de tozudez para imponer su voluntad, sino por las facultades que demuestre para negociar y llegar a acuerdos con el resto de los representantes de los ciudadanos, incluso cuando se disfruta de mayoría, y el señor Romero, hasta la fecha, no ha exhibido capacidad ninguna, sin duda alguna porque no anda muy sobrado de ella, que digamos. No se administra un pueblo –y disculpen la expresión soez que sigue– con los cojones, sino con la cabeza.