Movemento Sumar Galicia propondrá en una enmienda al texto político de la asamblea estatal de Sumar, que se celebrará los días 29 y 30 de marzo, que la desinformación se recoja en el código penal.
En concreto, la formación gallega propone añadir en el apartado siete del texto político que se promuevan diversos mecanismos que impidan "la manipulación de la opinión pública con noticias falsas, uno de los cuales debe ser que entre en el código penal la difusión intencionada de mentiras con objetivos políticos".
La enmienda será defendida en plenario por la portavoz de Sumar en el Congreso y presidenta de Sumar Galicia, Verónica Barbero, y el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, que además es profesor de la USC y cuenta con varios artículos publicados en revistas científicas sobre desinformación y sus consecuencias sobre la democracia.
Según López, esta enmienda, que se orienta principalmente al contenido de las redes sociales, está centrada "en garantizar el derecho a la información de la ciudadanía", ya que considera que "la autorregulación y la voluntad de las plataformas lleva años sin funcionar".
Asimismo, el secretario xeral de Sumar Galicia ha apuntado que ven "insuficiente en el contexto actual" que puedan tener consecuencias penales "el contenido y la intención de algunas opiniones y noticias si contienen delitos de odio, revelación de secretos, delitos contra la integridad moral o contra la salud pública".
"Nuestra propuesta es la inclusión de la desinformación como delito, con una delimitación material mucho más clara, lo que ayudaría mucho a los jueces y a las juezas", ha opinado.
Además, ha explicado que, aunque el sentido de la enmienda se dirige contra aquellas plataformas tecnológicas y empresas que "conscientemente difunden información falsa con fines políticos a través de algoritmos" que, ha añadido, "no se conocen", y "no sobre la ciudadanía y su ejercicio de libertad de expresión", en una fase posterior "es necesario delimitar materialmente lo que se entiende como desinformación y sus distintas tipologías, así como los sujetos que pueden promoverla y dimensionarla".
Todo ello, ha asegurado, "respetaría la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19".
