El juicio del alijo del Karar se suspende esta semana por un problema médico de una jueza

El juicio del alijo de 3.800 kilos de cocaína del buque MV Karar en 2020, que se iba a retomar este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, se ha suspendido esta semana por un problema médico de una magistrada, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La vista iba a retomarse con las declaraciones de los testigos después de que el mes pasado compareciesen los 28 acusados, pero ha sido pospuesta, en principio, para el martes de la próxima semana.

Entre los citados a declarar está el inspector de la Policía Nacional que se encargó de dirigir la operación y que a principios de abril fue detenido en Vigo e investigado por asuntos internos por su presunta relación con el narcotráfico.

Juan Carlos C., con 20 años de vinculación al Grupo de Repuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Galicia, es el testigo principal de la Fiscalía y en él centraron las defensas las cuestiones previas para intentar desacreditar su investigación.

El policía, que ha estado de baja médica y cuya asistencia al juicio esta semana era una incógnita, ejercía últimamente como enlace del cuerpo de la embajada de España en Colombia.

El principal acusado del alijo del MV Karar es Juan Carlos Santórum, considerado como líder del grupo criminal, para quien el fiscal solicita 18 años de prisión.

Junto a él, hay otros 27 procesados, entre ellos un funcionario de Aduanas al que sorprendieron con 368.000 euros en dos bolsas de plástico en Madrid y para el que piden 19 años y medio de cárcel, al igual que para su pareja, por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que se suma a los que se le imputan por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Entre los acusados hay doce gallegos, nueve de Nepal, cinco de Bangladesh, uno de Colombia y otro de Uruguay, aunque con domicilio en Galicia.

Los acusados de Nepal y Bangladesh quedaron libres tras haber agotado el plazo de la prisión preventiva -cuatro años- y en prisión sigue uno de los gallegos.