El Senado ha aprobado una moción por la que se insta al Gobierno a la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) que rebajaría la protección de la especie y a llegar a un acuerdo que permita compatibilizar la conservación del lobo con las actividades ganaderas.

La moción, presentada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado por el grupo parlamentario popular (GPP) y para la que el grupo parlamentario mixto (GPMX) presentó tres enmiendas, fue aprobada con 19 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

El portavoz del PP en la Comisión y alcalde del municipio cántabro de Vega de Pas, Juan Carlos García, ganadero de profesión según ha explicado, ha señalado que no quiere que el lobo desaparezca, sino la convivencia con la especie.

Según ha dicho el senador popular, la moción se presenta porque todas las comunidades al norte del río Duero han convivido históricamente con el lobo, con mayor o menor armonía, pero siempre cohabitando el mismo espacio y sin mayores problemas y con una población del lobo aceptable, con datos que demuestran que "nunca" ha estado en peligro.

Sin embargo, ha subrayado que la situación ha cambiado desde 1992 con la Directiva relativa a la conservación de hábitats naturales y de fauna y flora silvestres, en la que se incluía al lobo como especie protegida con "excepciones puntales" y posteriormente, en 2021 en España, cuando el lobo pasó a formar parte de las especies de "protección especial" y la población el lobo "se ha ido masificando", porque "el lobo no tiene depredadores naturales".

En su opinión, la ganadería y la agricultura fijan población en los pueblos, si ellos desaparecen, desaparecen los pueblos y ha explicado que los lobos "ya están en las zonas urbanas de esos pueblos" donde están atacando a los animales domésticos.

El lobo "mata indiscriminadamente, no solo lo que va a comer", ha insistido y ha expuesto que según algunos datos "en 2023 el lobo mató en Cantabria 2.700 animales, en Castilla y León 5.000 y pico, en Asturias más de 3.000".

En las zonas con más ataques han disminuido las explotaciones ganaderas, porque es una situación que desgasta y provoca que "los ganaderos desistamos seguir con nuestra profesión, que tiene mucho de vocacional".

Por ello, ha dicho el GPP pide que se vuelva a la situación de 1992 y se saque al lobo de la lista Lespre de especies protegidas y ha pedido además a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que "haga algo más de caso a los ganaderos que son los verdaderos artífices de que la ganadería y los pueblos tengan vida".

El senador del GPMX Ángel Pelayo Gordillo Moreno ha señalado que la moción era "correcta", pero "mejorable" con tres enmiendas: Aprobar una gestión nacional del lobo que incluya entre otras medidas la elaboración de un censo y el establecimiento de un sistema de compensaciones para los ganaderos por pérdida de animales que se ajuste a los perjuicios reales e impulsar ante las instituciones europeas la modificación de la Directiva de conservación de hábitats naturales.

La senadora del GPPLU María del Carmen da Silva Méndez ha manifestado que su grupo "no está de acuerdo" en rebajar la protección del lobo y ha recordado que la mayor parte de los Estados europeos ha desarrollado regulación para su protección, como Portugal que le ha otorgado "el grado máximo de especie protegida".

Para el grupo parlamentario socialista, la moción es una iniciativa de "regreso al pasado", en opinión del senador José Latorre Ruiz, quien ha subrayado que conocen y comprenden los problemas que causa la coexistencia del lobo con la ganadería y de la impotencia de los ganaderos al encontrar animales muertos.

Pero sacar al lobo del Lespre no servirá para que el lobo deje de matar, ha dicho, y ha recordado que el lobo se distribuye por la comunidades de Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias, Cantabria y en menor medida La Rioja, Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha.

Ha explicado que el Gobierno transfiere a las comunidades veinte millones de euros para indemnizaciones y ha recordado que "Galicia no se ha adherido a la estrategia" de compensaciones y "deja de percibir cuatro millones de euros.

Según Latorre, el modelo que defiende el GPS incluye medidas preventivas, que incluye la extracción letal de ejemplares de lobo, pago de indemnizaciones ágil y defensa de la coexistencia de la ganadería extensiva con el lobo.