La recuperación de la Casa Cornide, en la actualidad en manos de los herederos de Francisco Franco, tiene una serie de claves jurídicas que sustentan el caso: la venta a Carmen Polo fue simulada y el Ayuntamiento de A Coruña de entonces quebrantó la ley al permitir la subasta de un bien público.
La Casa Cornide es un palacete ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, del siglo XVIII en el centro de A Coruña que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también de Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña.
Para armar una demanda para recuperarla hay un informe jurídico de la Universidad de A Coruña, de Carlos Aymerich, Carlos Amoedo y José Manuel Busto, al que ha accedido EFE y que desgrana todas las claves para acudir a la justicia.
Lo que ocurrió en 1962, cuando la propiedad era del Ayuntamiento de A Coruña tras haber permutado el 22 de junio el edificio con el Ministerio de Educación, es que el administrador de la familia Franco en Meirás envió una carta -que está conservada y puede ser clave en el proceso- en la que se sugiere un método de subasta a través de un tercero para entregar la casa a Carmen Polo.
"Por ser la mejor fórmula ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio Caudillo", relata.
Agrega que "los señores están encantados porque han logrado el deseo de poder tener una casa" en la ciudad y evitan abrir el Pazo de Meirás "por el número de criados y servidores que se necesita".
El Ayuntamiento de entonces, con Sergio Peñamaría de Llano como alcalde -conocido por la sangrienta represión franquista en la comarca ourensana de Valdeorras-, subastó la vivienda y la compró Pedro Barrié de la Maza el 3 de agosto, entonces ya Conde de Fenosa y apoderado de Franco, por unas 305.000 pesetas, la única puja presentada.
Pero con efecto inmediato, el 6 de agosto, este lo transmitió a Carmen Polo por 25.000 pesetas, un cambio de valor que muestra una simulación de venta cuando, en realidad, para los juristas es una donación, lo que el Tribunal Supremo ya ha dicho antes que es nulo y no prescribe.
Es decir, el 22 de junio de 1962 pasó del Ministerio al Ayuntamiento, por un valor tasado de 344.813 pesetas, el 3 de agosto llegó a Pedro Barrié de la Maza por 305.000 y el 6 de agosto acabó en Carmen Polo por 25.000.
El abogado Xoán Antón Pérez Lema explica a EFE que es necesario actuar, por tanto, para revertir todo el proceso y, por un lado, anular el acuerdo plenario, que dio luz verde a una teórica subasta -con una única oferta- de un bien público sin desafectarlo antes, una cuestión que no permitía la ley.
También hace falta anular la operación entre Barrié y Polo de manera que, tras las dos cuestiones, el edificio vuelve a manos del Ayuntamiento de A Coruña, quien para los colectivos memorialistas debe ser el propietario.
Pérez Lema ve para esto dos vías posibles, si bien considera que está claro que la operación fue fraudulenta en su conjunto, tanto por el trámite municipal como por el posterior acuerdo entre Pedro Barrié y Carmen Polo.
Nadie cumple: no hay demanda y sigue cerrada
El Ayuntamiento de A Coruña anuncia desde hace años que interpondrá una demanda para reclamar la titularidad de la Casa Cornide, pero sigue sin hacerlo.
El actual Gobierno local, del PSdeG, dice desde 2020, fecha de este informe, que ultima el documento para presentar en la vía judicial, la última vez lo dijo en octubre de 2023, si bien volvió a incumplir su propio plazo.
Fuentes municipales aseguran a EFE que "se está avanzando en las estrategias jurídicas a seguir en un proceso que es muy complejo" y esperan novedades "a corto plazo".
Defienden, además, que son el primer Gobierno local "que se preocupó" por esta cuestión -si bien el anterior de la Marea Atlántica ya había anunciado iniciativas que tampoco cumplió- y que "impulsó la declaración" como Bien de Interés Cultural (BIC).
Precisamente sobre esta declaración de BIC, realizada por la Xunta y firme desde septiembre de 2023, hay otro incumplimiento, que es la obligación que establece la ley de abrir estos bienes al público al menos cuatro días al mes.
Se trata de una norma que ya se aplicó en el Pazo de Meirás y que en su día implicó una sanción para los herederos de Franco, pero hasta ahora, según explican fuentes de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica a EFE, en la Casa Cornide no se ha hecho efectiva.
Fuentes de la Xunta afirman a EFE que han cumplido "con creces" con su parte, al aprobar la declaración de BIC "en tiempo y forma", por lo que creen que ahora falta que las otras administraciones "den los pasos anunciados".
Respecto al régimen de visitas obligatorio que deben establecer los herederos de los Franco, aclaran que se les notificó "las implicaciones que conlleva" la declaración de BIC: "Es su obligación cumplirlas y las sanciones también están previstas en la normativa", concluyen.
