Vox ha advertido este lunes que su rival en las elecciones autonómicas gallegas del próximo 18 de febrero es el BNG y la "extrema izquierda" y ha instado al PP a la unidad y a no repetir la estrategia errónea que el pasado 23 de julio llevó de nuevo a Pedro Sánchez a la Moncloa.

"Todos los escaños de Vox que se están jugando en Galicia se juegan contra el BNG", ha advertido Garriga en una rueda de prensa tras el Comité de Acción Política de su partido, en la que ha recalcado que el voto útil en Galicia es Vox, porque cada voto a su formación aleja un gobierno de izquierda en la Xunta.

En Vox ven así los comicios gallegos como "una gran oportunidad para protagonizar el cambio" en esta comunidad y se resisten a que, "bajo la amenaza de que viene la izquierda", se impida el cambio que, en su opinión, ya se ha empezado a producir en las regiones donde gobiernan con el PP.

Según Garriga, tienen muchísimas posibilidades de entrar en el Parlamento gallego, el único donde no tienen representación, y ha dicho que tanto desde la izquierda como desde el PP se está intentando impedir que la consiga.

Especialmente, ha criticado la "imprudencia" y "actitud claramente antidemocrática" de Génova de pedirles que no se presenten a los comicios y ha advertido de que lo harán con una campaña electoral dirigida a "desenmascarar" y "no dar balones de oxígeno" a la izquierda, a la que esperan se sumen los populares.

Querellas contra las Mesas del Congreso y Senado

El secretario general de Vox ha asegurado, por otra parte, que esta semana presentarán la querella por prevaricación contra la Mesa del Congreso por admitir a trámite la proposición de ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas.

La querella, que posiblemente "por coherencia" harán extensible a la Mesa del Senado, estará dirigida concretamente contra la presidenta de la Cámara, Francina Armengol; el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; y los secretarios primero y segunda, Gerardo Pisarello e Isaura Leal, respectivamente.

En Vox entienden que admitieron la tramitación "con manifiesto conocimiento de la falta de constitucionalidad" del texto y apelan al artículo 404 del Código Penal.

De acuerdo este precepto, "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".

Unas circunstancias que, en opinión de Vox, concurren "claramente" en el caso de la admisión a trámite de la proposición de ley de amnistía.