Un juzgado de Noia abre diligencias por posible delito medioambiental

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Noia (A Coruña) ha acordado incoar diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el vertido a la costa gallega de millones de "pellets" de plástico.

La titular de este juzgado ha recibido las actuaciones tras la denuncia interpuesta conjuntamente por la Fundación Montescola, Ecologistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia, que se ha acumulado a la que también presentó Podemos.

La jueza ha pedido a la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil un informe en el que se consignen “los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación Toconao" desde la que supuestamente cayeron al mar los contenedores con millones de "pellets".

También "las circunstancias en las que se produjo la pérdida de la carga, el contenido de dicha carga, la composición y posible toxicidad de los 'pellets' vertidos, así como el alcance del vertido y la delimitación del área afectada”.

En los autos, que no son firmes, pues contra ellos cabe interponer recurso, la jueza explica que no están determinadas “la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”, por lo que entiende que “es procedente incoar diligencias previas y practicar las esenciales, encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el órgano competente para el enjuiciamiento”.

En otro auto, la jueza ha admitido la personación, en calidad de acusación popular, de Podemos Partido Político, la Fundación Montescola, Ecologistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia.

La jueza asegura que los denunciantes “se encuentran legitimados para intervenir en el proceso como acusación popular dado que, a pesar de los intereses particulares que puedan resultar afectados, los hechos objeto de investigación en el presente procedimiento podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en el que entran en juego intereses supraindividuales o institucionales que legitiman su intervención”.