Dos años y casi tres meses llevan en funciones los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presididos por Carlos Lesmes, ante la incapacidad del PSOE y del PP de alcanzar un acuerdo para renovarlo, un bloqueo récord destinado a prolongarse tras la ruptura de las negociaciones.

Hasta ahora el periodo más largo en funciones había durado cerca de dos años (entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008) y el juego de poderes era similar: el PSOE estaba en la Moncloa, el PP en la oposición y el Consejo, con el mandato caducado, prolongó una mayoría conservadora reflejo de la legislatura previa.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los vocales -doce jueces y ocho juristas- deben ser elegidos con una mayoría de tres quintos en el Parlamento, lo que entonces y ahora obliga a un acuerdo entre el PSOE y el PP, y fija también que si las cámaras no designan en plazo a los nuevos miembros del Consejo, los salientes continuarán en funciones.

En 2018, cuando concluía el mandato del actual Consejo, el pacto entre populares y socialistas estaba cerrado, y los aspirantes a vocales habían incluso desfilado ya por la Comisión de Justicia del Congreso.

Uno de ellos era José Ricardo de Prada, juez del caso Gürtel. Propuesto por el PSOE y por Unidas Podemos, en aquella ocasión no hubo vetos pero los populares dejaron claro su rechazo a este magistrado y cuestionaron sus méritos, aunque consideraron que sería bueno para la Justicia española que dejara de "poner sentencias".

El PSOE ha vuelto a proponerlo y el PP, esta vez, lo ha situado entre sus líneas rojas al considerarlo candidato de Unidas Podemos, al igual que a Victoria Rosell, actual delegada contra la Violencia de Género y que ya en 2018 se cayó de la lista.

De Prada entró entonces como "jurista de reconocida competencia" ya que se encontraba en situación de servicios especiales como juez. Ahora trabaja como magistrado en la Audiencia Nacional y los populares consideran que sería un fraude de ley que formara parte del bloque de juristas.

El pacto en 2018 estaba tan cerrado que incluso se había hecho público el nombre de la persona que lo presidiría (el magistrado Manuel Marchena), aunque la ley establece que son los nuevos integrantes del órgano quienes tienen que elegirlo.

El acuerdo saltó por los aires cuando Marchena renunció al cargo reivindicando su independencia después de que se filtrara un mensaje del entonces portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, a los senadores de su grupo defendiendo un acuerdo que no había gustado a muchos compañeros y que, señalaba, permitiría controlar "desde detrás" la sala segunda del Tribunal Supremo.

A partir de entonces los dos principales partidos han estado cerca de un pacto en varias ocasiones, pero los enfrentamientos políticos y las coyunturas electorales (la última las catalanas del 14F) han impedido hacerlo efectivo.

Para forzar al PP a negociar, el Gobierno impulsó una controvertida reforma del sistema de elección de los miembros el CGPJ rebajando las mayorías parlamentarias necesarias, lo que permitiría prescindir del voto de los populares, pero la propuesta quedó congelada tras la llamada de atención de las instituciones europeas.

El siguiente movimiento fue una proposición de ley para impedir que el CGPJ haga nombramientos en funciones, iniciativa en tramitación en este momento y que ha soliviantado al órgano de gobierno de los jueces al considerar que vulnera la separación de poderes.

A pesar de las críticas desde los partidos que apoyan al Gobierno, el CGPJ ha seguido haciendo nombramientos en funciones y solo cuando ha visto cerca la posibilidad de un acuerdo para su renovación, como esta semana, los ha dejado en suspenso.

La semana que viene, si los partidos no avanzan, volverá a reunirse en un pleno extraordinario para designar varios cargos judiciales, entre ellos tres nuevos magistrados del Tribuna Supremo.