La pandemia que lo cambió todo este año también hizo mella en la vida del Congreso de los Diputados, que pese a la frialdad del vacío en los escaños, las mascarillas de los parlamentarios o las zonas restringidas volvió a ser el centro del debate político. Con más ruido y crispación que nunca.

Un 2020 que comenzó con la investidura de Pedro Sánchez gracias a una mayoría aparentemente inestable y que acaba, tras la aprobación de los presupuestos, con dicha mayoría reforzada y dispuesta a marcar la agenda.

El año más terrible que recuerda la sociedad española por culpa del coronavirus deja tras de sí en la Cámara Baja una ristra de broncos debates en torno a los estados de alarma y sus prórrogas o la gestión de la pandemia y con una actividad legislativa marcada por las decisiones que esta crisis urgía a tomar a cada paso.

Pero, sobre todo, deja imágenes tristes e inéditas de un hemiciclo que no ha vuelto a llenarse desde que estalló la pandemia o no ha podido acoger celebraciones como la de la celebración del aniversario de la Constitución, y que sin embargo ha sido testigo de la polarización cada vez más creciente de la política española.

UNA ANSIADA (Y VIEJA) NORMALIDAD QUE DURÓ POCO

El 7 de enero el Congreso investía a Pedro Sánchez y nada hacía presagiar el año que les esperaba tanto al primer Gobierno de coalición que estaba a punto de conformarse como al hemiciclo más plural de la democracia, con diez grupos parlamentarios y diecinueve partidos.

En aquel momento, por el contrario, parecía que llegaba al Congreso una normalidad ansiada tras un año de interinidad y dos elecciones generales.

Pero solo dos meses después, la irrupción de la pandemia le dio la vuelta al país y también a la Cámara. El 10 de marzo, el primer contagio conocido de un diputado -Javier Ortega Smith, de Vox- provocaba la suspensión, al menos momentánea, de la actividad.

LA ALARMA Y SUS PRÓRROGAS

El 14 de marzo el Gobierno decretó el estado de alarma y Pedro Sánchez acudió al Congreso cuatro días después para explicar la gravedad de la crisis sanitaria y la necesidad de dicho instrumento constitucional. Fue el primero de siete largos e intensos debates en los que se discutió la gestión del coronavirus y se votaron las seis prórrogas sucesivas de la alarma.

Si al principio todo el arco parlamentario estuvo de acuerdo en la alarma para hacer frente al imparable virus, aquella Fuenteovejuna duró poco. Tras una primera prórroga apoyada por todos, la segunda ya tuvo abstenciones de partidos soberanistas y la tercera los primeros votos en contra, de Vox y la CUP.

Fue a partir de la cuarta cuando el PP empezó a desmarcarse del consenso con su abstención en aquella votación y su voto en contra en las dos prórrogas posteriores.

Pero el Gobierno pudo sacar adelante las dos últimas prórrogas. Gracias a la geometría variable y, sobre todo, a acuerdos que echaron por tierra alianzas preconcebidas.

Así ocurrió con Ciudadanos, que tras la irrupción de la pandemia apostó por apoyar al Gobierno y que dio un giro de 180 grados en su estrategia al seguir al lado del Ejecutivo cuando las prórrogas cada vez fueron más caras de conseguir, llegando a acuerdos con condiciones para apoyarlas.

EL ESPEJISMO DE LA NUEVA NORMALIDAD Y VUELTA A EMPEZAR

El 3 de junio el Congreso aprobaba la sexta y última prórroga de aquel estado de alarma que duró hasta el 21 de ese mismo. La desescalada en las restricciones primero y la nueva normalidad después no durarían mucho.

Porque el virus nunca terminó de irse y con la llegada del otoño la pandemia volvió a golpear con fuerza.

Eso llevó al Gobierno a aprobar un nuevo estado de alarma muy distinto al anterior, con los presidentes autonómicos como autoridades competentes y menos restricciones que en la primera ocasión.

Pero esta vez, además, Sánchez quiso asegurarse una mayor estabilidad y tras intensas negociaciones el 29 de octubre el Congreso apoyó con una holgada mayoría una prórroga de seis meses, hasta el 9 de mayo de 2021, para este estado de alarma.

LOS PRESUPUESTOS QUE CONSOLIDARON LA NUEVA MAYORÍA

Si algo ha demostrado el Gobierno en este año parlamentario ha sido su capacidad para encontrar los apoyos suficientes en todos los votos cruciales, jugando a un lado y otro del tablero.

Pero para el voto más importante de todos la balanza se inclinó definitivamente. Y los primeros Presupuestos Generales del Estado de la coalición salieron adelante gracias a una mayoría que parece haber venido para quedarse.

Se trata de una mayoría mucho más holgada que la que hizo posible la investidura, porque en esta ocasión ERC y Bildu -que se abstuvieron entonces- han apostado por el "sí".

Y mientras han saltado todas las alarmas en la derecha -que cree que con estas alianzas se tambalea todo el sistema democrático- el Gobierno respira tranquilo al contar con unas cuentas sobre la mesa mientras el socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, se frota las manos porque ha conseguido que Ciudadanos salga de la ecuación.

EL CAMPO DE JUEGO DE LAS TENSIONES DEL EJECUTIVO

Porque los presupuestos han sido el exponente más claro de la presión que no ha dejado de ejercer Podemos dentro del Gobierno de coalición para que salieran adelante muchas de sus promesas y para que la balanza de los apoyos se inclinase definitivamente hacia la izquierda y los partidos soberanistas.

El Congreso ha sido testigo de buena parte de esas presiones, que llegaban en todo tipo de formatos, desde discursos de los portavoces hasta enmiendas presupuestarias firmadas con Esquerra y Bildu para parar los desahucios.

El PSOE, por su parte, ha tenido la voz cantante en las negociaciones con los demás partidos y ha aguantado en silencio buena parte de los envites de su socio, a pesar del malestar que en muchas ocasiones han provocado.

EL GOLPE DE MANO DE PABLO CASADO

No se puede olvidar otra tensión que ha pasado de latente a patente en este año parlamentario, la vivida entre el PP y Vox.

La convivencia en la bancada de la derecha -nunca pacífica del todo- se rompía cuando durante el debate de la moción de censura presentada por Vox el líder de los 'populares', Pablo Casado, dio un golpe de mano y dijo "basta" al partido de Santiago Abascal.

Con uno de los discursos más aplaudidos del año con el que recolocaba al PP en posiciones más moderadas, Casado se arrogó no solo el liderazgo de la oposición que su partido ya ostenta, también la capacidad de ser la única alternativa al Gobierno progresista.

Un giro al centro con el que el PP busca ampliar su base electoral, consciente de que tiene tiempo para ello. Porque no hay, tras la aprobación de los presupuestos, unas elecciones a la vista.

LOS DEBERES DEL PODER LEGISLATIVO

Aunque pareciera que todo ha sido ruido en este año parlamentario, la actividad legislativa también ha sido intensa, aunque con la pandemia como prioridad y los reales decretos leyes del Gobierno como norma más utilizada -más de una treintena, frente a ocho leyes-.

Aunque el Congreso convalidó esos decretos, al menos nueve de ellos deberían haberse tramitado como proyectos de ley -fue la condición de algunos grupos para apoyarlos- pero siguen en vigor sin con el texto original porque dicha tramitación está parada. En muchos casos lleva meses así.

En una entrevista con EFE esta misma semana, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ponía esa falta de tramitación como uno de los ejemplos de la forma en la que el Ejecutivo está "amordazando" la Cámara.

Pero en el PSOE no lo ven así, explican que hay tramitaciones pendientes de decretos que debían aprobarse porque contenían medidas urgentes. Y niegan que estén parados, mientras recuerdan que los presupuestos tenían prioridad o citan otras leyes importantes aprobadas en estos meses, como las de educación y eutanasia.

En enero -que no será del todo inhábil- los partidos volverán al Congreso y ya tienen sobre la mesa asuntos como la comisión de investigación del caso Kitchen a la reforma del Consejo General del Poder Judicial para limitar sus funciones mientras no se renueve. Cuestiones que con el año nuevo pueden volver a subir el ya elevado tono de la Cámara.