Los diputados de JxCat y miembros de la Mesa del Parlament, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, han explicado este jueves que no han recogido ni firmado la notificación del Tribunal Constitucional (TC) porque la consideran "ilegítima" y sin base legal, según Costa.
En rueda de prensa, ha explicado que han actuado como ya lo hicieron cuando recibieron otros requerimientos de este tipo --que ha descrito como "coacciones y amenazas"--, y ha dicho que este ha sido el primero con un Ejecutivo central socialista, cuando el PSOE se mostró contrario a la reforma legal que faculta al TC en estas funciones, según él.
Ha sostenido que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ve ahora esta modificación legal "con el mismo entusiasmo que lo hacían Rajoy y Sáenz de Santamaría", en referencia al expresidente y la exvicepresidental de Gobierno central, después de que el TC haya advertido a los miembros de la Mesa de posibles responsabilidades penales si no paraliza iniciativas contrarias a resoluciones del tribunal.
Costa ha avisado de que el TC quiere atribuir a la Mesa unas funciones para "aplicar la censura" en el Parlament que sus miembros ni quieren ni pueden ejercer, porque la Mesa debe limitarse a aceptar iniciativas que se adecuen en forma sin entrar a valorar su fondo, por lo que no puede aplicar una censura previa, en sus palabras.
"Al TC nadie le ha negado el derecho de anular resoluciones que aprueba el Parlament. En lo que no tiene legitimidad es para hacer aplicar la censura previa" e impedir que se tramiten ciertos debates en función del contenido, ha agregado el vicepresidente primero de la Mesa.
LA CUP EN LA MESA
Después de que la CUP se haya ofrecido a entrar en la Mesa, Campdepadrós lo ha rechazado argumentando que ya se abordó esta posibilidad al principio de la legislatura: "En este momento no vemos ningún motivo para cambiar la estructura de la Mesa" y consideran conveniente mantener su composición después del aviso del TC.
Costa ha dicho que, aunque es una comunicación del TC, ésta se basa en un escrito de la Abogacía del Estado a instancias del Gobierno central: "Lo que piden en la notificación no está previsto en ninguna ley, sino que se desprende de una petición que hace el Gobierno central".
DOS MESES PARA RECURRIR
Preguntados por si prevén alguna consecuencia, Costa ha dicho que el tribunal será quien decidida, y Campdepadrós ha explicado que, en una ocasión en la que actuaron del mismo modo, agentes de la Guardia Civil se presentaron en las viviendas de ambos para entregarles la notificación.
Costa ha avanzado que estudiarán si recurrir la decisión, como han hecho en otras ocasiones, y ha dicho que el plazo para impugnar estos asuntos es de dos meses, por lo que cree que este podría haberse quedado fuera: "¿Por qué ahora, cuando han pasado dos meses, tiene esta prisa para censurar el debate político en Cataluña?", se ha preguntado.
