La composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el nombre de su presidente, Manuel Marchena, supone el primer acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con el PP de Pablo Casado, un pacto que se ha conseguido pese a que el Ejecutivo diera por rotas las relaciones entre ambos.
El pasado 24 de octubre, Casado acusó a Sánchez ante el pleno del Congreso de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España", y ante la ausencia de una rectificación de esas palabras, tal y como le exigió el jefe del Gobierno, éste rompió su relación con el líder del PP.
Ya en aquel momento desde el Ejecutivo se precisó que eso no suponía la ruptura de la relación con el PP porque había muchas cuestiones que es necesario hablar con los populares, sobre todo en el ámbito parlamentario.
En ese contexto enmarca el Gabinete de Pedro Sánchez el acuerdo al que ha llegado con el PP diecinueve días después de que se proclamara la ruptura de relaciones.
Un acuerdo por el que Manuel Marchena, el candidato preferido por el PP, se convertirá en el presidente del CGPJ.
Pero, a cambio, el órgano de gobierno de los jueces contará con una mayoría progresista y once de los veinte locales que lo conforman serán propuestos por formaciones de este espectro político.
El Gobierno considera que este acuerdo supone un mensaje positivo a la sociedad de que, en medio de las discrepancias políticas, es posible el diálogo y el consenso entre las dos principales formaciones.
Máxime en un asunto de especial relevancia como la Justicia y después de todo lo ocurrido la pasada semana con la decisión del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de las hipotecas y el posterior decreto del Gobierno que determinó que, a partir de ahora, serían los bancos los que se harían cargo del mismo.
Sánchez y Casado han dado el visto bueno a un acuerdo con cesiones por ambas partes y cuyas negociaciones han dirigido la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su predecesor en el cargo y responsable de este área en el PP, Rafael Catalá.
El pacto entre el Gobierno y los populares tendrá una repercusión inmediata en el caso de los dirigentes independentistas juzgados por su actuación en el denominado "procés", ya que Marchena formaba parte del tribunal encargado de este asunto.
La propia vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha recordado hoy mismo que no podrá formar parte de ese tribunal.
Pero desde el Gobierno se asegura que esta cuestión no ha sido clave para que cediera ante la pretensión del PP, sino que lo esencial ha sido garantizar que en el Consejo General del Poder Judicial haya una mayoría progresista.
También insisten en que no se podía bloquear a la Justicia y era necesario facilitar su renovación.
