El Tribunal Supremo (TS) ha remitido a la jueza que investiga las irregularidades en el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid toda la documentación que acredita que el presidente electo del PP, Pablo Casado, ostenta la condición de diputado en el Congreso.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha dictado una providencia en la que da por recibida la documentación del alto tribunal.

Casado aprobó el máster de Derecho Autonómico tras cursar solo cuatro de las 22 asignaturas gracias las convalidaciones de otras 18 materias, por lo que solo tuvo que realizar cuatro trabajos de unos 90 folios para obtener este título de posgrado.

La jueza que investiga las irregularidades en el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes abrió una pieza separada respecto del título de la URJC del nuevo presidente del PP, aunque al ser diputado y, por tanto, estar aforado ante el Supremo, pidió al Congreso que certificara su condición de parlamentario.

Pero la Cámara Baja remitió un escrito a la magistrada en el que especificaba que la solicitud se hiciera por un oficio remitido por conducto del Tribunal Supremo, que es lo que ha sucedido ahora.

De esta forma, se despeja el panorama para que, en caso de apreciar indicios de delito, la jueza se inhiba y remita la pieza que investiga el máster de Casado al Supremo, que es el órgano competente para investigarle al tratarse de un diputado nacional.

La jueza abrió la pieza separada para aclarar si las irregularidades detectadas en la promoción de Cifuentes se dieran en la promoción del curso del nuevo presidente del PP.

Para ello solicitó toda la documentación del máster de Casado a la Rey Juan Carlos e imputó al exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, al anterior rector de la URJC Fernando Suárez, y a la profesora Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación.

Todos ellos están citados a declarar como investigados el próximo 2 de agosto.