El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido a la Guardia Civil que redacte un informe que recoja el posicionamiento de los integrantes del Comité Estratégico independentista creado para llevar a término las actuaciones del 'procés', y que estaría formado por los investigados Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, además de los portavoces de las formaciones independentistas y líderes de entidades soberanistas.
Así lo acuerda el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, por aparecer dicho Comité en el documento 'Enfocats' incautado durante un registro ordenado por el Juzgado número 13 de Barcelona. Este documento establece la coordinación de un hipotético Govern de transición, el cual tendría un Comité Estratégico y un Comité Ejecutivo.
El Comité Estratégico estaría integrado por el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los portavoces de los grupos parlamentarios independentistas como Anna Gabriel (CUP) o la portavoz de ERC en la coalición de Junts Pel Sí, Marta Rovira.
También participarían presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas, como Artur Mas o Marta Pascal, presidente de honor y coordinadora general del PdeCAT, respectivamente, y los presidentes y vicepresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la AMI (Asociación de Municipios Para la Independencia).
FONDOS PÚBLICOS
Con su batería de diligencias, el juez quiere conocer el posicionamiento por un lado de los 22 investigados formalmente en la causa y por otro de los integrantes de dicho Comité respecto de los incidentes ocurridos en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre durante los registros ordenados por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, días antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Lo que quiere saber Llarena es si todos ellos han tenido alguna intervención, ya sea en actos de programación, coordinación apoyo o de ejecución, en la estrategia recogida en 'Enfocats'. En este documento el Govern diseñó la hoja de ruta para poner en marcha el proceso de desconexión que derivaría en la declaración unilateral de independencia (DIU) de Cataluña.
Por ello pide un informe "individualizado y secuencial" sobre los incidentes del 20 y 21 de septiembre, la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, y las dos huelgas generales que tuvieron lugar en Cataluña el 3 de octubre y el 8 de noviembre con el fin de esclarecer la participación de cada uno de los imputados en estos hechos.
Además, el magistrado pide a la Policía Judicial que investigue las órdenes que pudo dar el exconsejero del Interior Joaquim Forn relacionadas con las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en las que se suspendían las leyes de desconexión o la celebración de la consulta ilegal.
ESTRATEGIA CONJUNTA
El juez instructor quiere recabar datos objetivos para valorar si hubo concierto entre los responsables de las formaciones arriba mencionadas y las entidades soberanistas de cara a compartir una estrategia para lograr la independencia de Cataluña y si las actuaciones llevadas a cabo por el exgobierno catalán se pudieron sufragar por dichas entidades.
En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas anuladas por el Tribunal Constitucional como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes.
MOVILIZACIONES SOCIALES
Llarena también quiere conocer el grado de participación que tuvieron las formaciones de PDeCAT, ERC o las entidades soberanistas en las movilizaciones sociales encaminadas a respaldar la declaración de independencia y pide otro informe sobre las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados 'Comité de Defensa del Referéndum' y 'Comité de Defensa de la República', integrados dentro del Comité Estratégico.
Hasta el momento Llarena investiga en esta causa a Carles Puigdemont y otros trece exconsejeros del gobierno catalán además de los seis miembros de la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. También dirige su actuación contra los líderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por el delito de sedición, tras acumular esta pieza en la causa general que instruye por la deriva soberanista.
