La Fiscalía Anticorrupción de Valencia solicita una pena de siete años y medio de prisión para la exintendente del Palau de les Arts Helga Schmidt por malversar fondos en la ópera que dirigió durante 10 años, hasta 2015. También le atribuye un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil --este último en grado de cooperadora necesaria--.

Junto a la pena de prisión, el ministerio público reclama para Schmidt 18 años de inhabilitación absoluta. Así mismo, solicita en este procedimiento ocho años de prisión para el que fuera director financiero Ernesto Moreno; siete años para el presidente del consejo de administración de Patrocini --empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores--, José Antonio Noguera Puchol; siete años de cárcel para el consejero delegado de esta firma, Joaquín Maldonado; y otros siete años para el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe --mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones--, Pablo Broseta.

Así consta en la calificación que el fiscal, quien solicita la apertura de juicio oral contra estas cinco personas, ha remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que ha investigado la externalización de servicios del Palau con pago de sobrecostes que implicaron un perjuicio a las arcas públicas.

Respecto a las indemnizaciones, el fiscal pide que Schmidt, Moreno, Noguera y Maldonado paguen conjunta y solidariamente a la Fundación Palau de les Arts un total de 371.702,79 euros; mientras que reclama que Moreno y Broseta indemnicen a la misma entidad con 303.048,04 euros.

El presunto fraude consistía, en resumen, en desviar dinero público --del Palau-- a sociedades --Patrocini de les Arts y Sociedad Viva Europa June 24TH S.L.U.-- que facturaron trabajos para la ópera y en las que figuraba como consejera Schmidt, mientras también era intendente del Palau. Estas mercantiles carecían, además, de infraestructuras y de personal necesario para desarrollar los trabajos contratados.

OBLIGACIONES Y EXCLUSIVIDAD

La Fundación Palau de les Arts se remonta a enero de 2005 y estaba adscrita a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Se fichó como intendente y directora artística a Schmidt hasta enero de 2015. Entre las cláusulas de su contrato, de alta dirección, se establecía su necesaria firma para la asunción de obligaciones y su exclusividad.

En julio de 2007 entró en escena Ernesto Rafael Moreno, a quien se le adjudicó un contrato de trabajo de carácter especial de Alta Dirección como director de administración de la Fundación.

En un momento determinado, la Fundación decidió externalizar la actividad de captación de patrocinadores, lo que se efectuó a través de Patrocini --mercantil en la que Schmidt figuraba como consejera (a través del nombre Helga Pittioni, utilizado en su pasaporte austriaco), con incumplimiento de la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y de su propio contrato firmado con la ópera en 2005--. Sin embargo, al mismo tiempo, a nivel interno en el organigrama del Palau se decidió dotar de mayor relevancia orgánica al Departamento de Patrocinio.

Durante el tiempo en que Schmidt compatibilizó "de manera ilícita" los cargos de intendente del Palau y consejera de Patrocini, suscribió cinco contratos que supusieron un "evidente beneficio económico" para la sociedad privada, según recoge el fiscal en su escrito provisional.

Así, la Fundación, con ánimo de eludir los controles administrativos, realizó estos contratos con la sociedad privada --presidida por Noguera y Maldonado-- por los que percibió 508.040 euros en concepto de precio fijo por la organización de eventos Viva Europa y comisiones por captación de patrocinadores.

Ante estos hechos, el fiscal Vicente Torres entiende que Schmidt creó un "artificio" para desviar fondos públicos a una empresa privada con conocimiento de que carecía de la infraestructura personal y material necesaria para desarrollar la actividad para la que se le contrató ilegalmente.

El ministerio público entiende, así mismo, que el pago de comisiones a Patrocini por captar patrocinadores no se puede justificar puesto que entre 2007 y 2010 se redujo considerablemente el número de patrocinadores, es decir, empeoró la situación.

SOBRECOSTES "A SABIENDAS"

Respecto a la Sociedad Viva Europa, constituida en diciembre de 2008 y cuyo administrador era Patrocini, tenía como objetivo cubrir el evento Viva Europa que pagaba la Fundación de les Arts. En este caso se sitúa a ambos lados de las sociedades Schmidt, quien ordenó, junto a Moreno, los pagos a la mercantil "a sabiendas de que el coste del evento era muy inferior al facturado". Además, la contratación de esta empresa --que carecía de una adecuada infraestructura personal y material-- se hizo con infracción de los principios de concurrencia y publicidad.

En relación con el evento Viva Europa 2009, el Palau realizó dos transferencias a la sociedad por importe de 300.000 euros y el fiscal entiende que inicialmente se pagó un sobrecoste "carente de toda justificación" de 143.525,50 euros. Sin embargo, entiende que esta cantidad ascendería a 248.222,79 euros por cobrar Viva Europa por gastos que excedían del contrato, como por el registro de dominios web o gastos de registro mercantil, entre otros.

Por Viva Europa 2010 la Fundación pagó 21.440 euros "carentes de justificación" y por la edición de 2011 se le transfirieron 100.000 euros que provenían de Aguas de Valencia, entidad que financiaba el evento. En total, el ministerio público estima que en este último caso se desviaron 60.000 euros públicos.

Otra de las actividades cuestionadas por el fiscal son la contratación de la Fundación con Radcliffe & Asociados S.L. En total se le adjudicaron trabajos de diseño e impresión de folletos y otras publicaciones, así como realización de una newsletter, cobró por ello y, sin embargo, no llegó a desarrollar estos trabajos, puesto que los mismos recayeron sobre La Imprenta Comunicación Gráfica S.L.

Los trabajos que se dijeron realizados solo se documentaron con un presupuesto, sin albarán ni nota de entrega, y ascendieron a la suma de 143.592 euros. Pese a ello, los pagos efectuados por el Palau a la empresa fueron mucho mayores. El fiscal entiende que en global no se habría justificado la cantidad abonada de entre 294.419,65 euros y 786.971,65.