Un agente de la Policía Local del Rincón de la Victoria ha ampliado la denuncia que interpuso contra el alcalde del PP de este municipio malagueño y un inspector jefe por hacerle 'mobbing' desde que decidiera presentarse a las elecciones municipales de 2011 y casi rompiera la mayoría absoluta a los 'populares'. Ahora, ha pedido al juzgado que investigue también al inspector por acusarle falsamente de empapelar la ciudad con las conversaciones de alto contenido sexual que este último mantuvo en una red social con una joven ucraniana.

   En su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el agente acusa al jefe de la Policía Local de un presunto delito de denuncia falsa y requiere al Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga que llame a declarar en calidad de imputados al inspector y al alcalde Francisco Salado.

   La víctima dice que, como parte del acoso laboral al que ha sido sometido durante años, se le acusó de haber distribuido por la ciudad el contenido de las conversaciones privadas que el inspector se había cruzado con la joven, de 26 años y con la que había mantenido una relación durante tres años.

   Su superior le acusó también en el juzgado de perseguirle, después de que el agente le grabara mientras se bebía un vino blanco y una cerveza en la barra de un chiringuito en "pleno" acto de servicio. Según el agente, el inspector le amenazó para que borrara ese video y llegó a requerir a una patrulla que le detuvieran, pero sus compañeros se negaron al no haber ninguna infracción.

   El juzgado acabó archivando la denuncia del inspector después de comprobar que el agente se encontraba en el extranjero cuando se difundieron esos panfletos y que la joven ucraniana manifestara que el jefe policial le había "coaccionado" para que inculpara al agente, quien era secretario de organización de un sindicato policial.

PIDE QUE NO PUEDAN APROXIMARSE A ÉL

   El abogado del agente, Cándido Conde-Pumpido Varela, pide ahora que se investigue la posible comisión de un presunto delito de denuncia falsa en la causa en la que acusa al regidor del PP y al inspector de un posible delito continuado contra la integridad moral, prevaricación, lesiones, detención ilegal, coacciones y contra los derechos de los trabajadores. Como medida cautelar, pide que no se acerquen a su cliente a menos de 100 metro ni se comuniquen con él para evitar actos de acoso "laboral y personal".

   La historia, según relata, comenzó cuando fundó el Partido Independiente de Rincón de la Victoria (PIRV) y en apenas tres meses logró un respaldo de 850 votos, quedándose a 20 de conseguir un concejal, romper  la mayoría absoluta del PP y ser la "llave de la gobernabilidad" en el municipio.

   Según su versión, desde que manifestó su intención de presentarse a los siguientes comicios y cuestionó en su condición de sindicalista algunas actuaciones de la Policía Local, el alcalde trazó con la colaboración del inspector un plan para acosarle laboralmente.

   Desde entonces, dice, le han "ridiculizado y ninguneado", le han denegado injustificadamente permisos para estar con su mujer y su suegro en el hospital y le han impuesto los peores turnos o tareas "menores" aislándole del resto de compañeros que servían de "castigo ejemplarizante".

RELEGADO A TAREAS MENORES Y MARGINALES

   Entre estos "destinos de castigo", le ordenaron patrullar en bicicleta pese a su sobrepeso y que un compañero se había presentado voluntario, le obligaron a ordenar cascos de bicicletas, a destruir documentación, le hicieron hacerse cargo de un detenido tras retirarle el arma reglamentaria o le "encerraron" una noche en un edificio que nunca se custodiaba.

   Tras dos años de acoso, un psiquiatra de la Seguridad Social le diagnóstico un trastorno depresivo que relacionó con el hostigamiento que había padecido, si bien no consideró necesario retirarle el arma ni cambiarle de puesto de trabajo. Sin embargo, sus superiores lo hicieron pasándole a segunda actividad hasta que un tribunal médico cercioró a posteriori que no existían causas para ello.

   El alcalde Francisco Salado declaró el pasado febrero en el juzgado que no había dirigido ninguna persecución contra el agente y que se trataba de una "campaña política", y evitó responder a las preguntas del abogado del denunciante, Cándido Conde-Pumpido Varela.