La asociación Militares para la Democracia va a pedir al Ministerio de Defensa que sea Justicia Militar la que se encargue del caso del teniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura, sancionado por las acusaciones sobre presuntas corruptelas en las Fuerzas Armadas que vertió en las presentaciones públicas de su novela 'Un paso al frente'.

    Según ha informado a Europa Press el comandante de Artillería y portavoz de Militares para la Democracia, Juan Manuel Molina, el próximo martes la asociación va a remitir un escrito al ministro de Defensa, Pedro Morenés, solicitándole el traspaso de este caso.

   En este sentido, ha señalado que va a entregar el documento a un parlamentario del Partido Popular (PP) --cuyo nombre no ha querido desvelar-- con el que el colectivo mantendrá una reunión el mismo martes y ha dicho esperar que éste se lo dé "en mano" a Morenés. En el caso de que esa vía no salga adelante, será remitido al ministro por burofax, ha recalcado Molina.

   El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, insta al ministro de Defensa a que "ordene lo conveniente para que sea Justicia Militar la única instancia que intervenga, para garantizar la independencia, defensa del justiciable y apariencia del buen derecho que debe regir en las Fuerzas Armadas".

ESCLARECER LOS HECHOS

   La asociación considera que el caso debe estar en manos de Justicia Militar y "en un juzgado togado donde se abra una causa que esclarezca si los hechos públicos sucedidos" y protagonizados por el teniente Luis Gonzalo Segura "son materia de esa jurisdicción".

   Asimismo, en el comunicado Molina denuncia que "una autoridad que ha sido acusada por el teniente" es la autoridad encargada de valorar los hechos lo que, a su juicio, "no da la apariencia de buen derecho" ya que "se puede usar el Régimen Disciplinario como una herramienta eficaz de 'ajuste de cuentas'": "(Segura) previamente había denunciado en la vía judicial al jefe de Estado Mayor del Ejército, una persona con la que existe una enemistad evidente", ha aseverado al respecto.

   "Parece que el general sancionador está siendo muy benevolente, cuando por contraste a un soldado que llama a su coronel franquista, se le condena en sentencia a seis meses, y solo dos a un oficial que con amplio aparato llama corrupta a la cúpula del Ejército, la que dirige el sancionador", concluye.

   El teniente expedientado tomó la decisión de abandonar la huelga de hambre que inició hace menos de un mes para que se revisase su caso y se investigasen sus denuncias de "abusos, privilegios y corruptelas de la casta militar dominante".

   Además del expediente disciplinario por el que está cumpliendo sanción, el teniente se enfrenta a un expediente gubernativo que se le abrió por una carta al ministro de Defensa que incluye en su libro y por la que se le acusa de vulnerar el código disciplinario militar en lo referente a "realizar actos gravemente contrarios a la disciplina, servicio o dignidad militar que no constituyan delito".