El Gobierno someterá al control de la futura Ley de Transparencia los gastos de la Casa del Rey que asumen otros Ministerios, según ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que en aquellas actuaciones de la Casa en las que participe una administración pública el régimen de transparencia que se aplicará será el propio que rija para esa administración.
Y ha puesto como ejemplo aquellas "partidas o servicios de la Casa que se prestan por la propia Administración". Desde 2011, la Casa del Rey hace público un desglose de una parte de la partida que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado (en torno a unos ochos millones de euros en los últimos años), pero no informa sobre los gastos que asumen otros Ministerios, a los que hoy se ha referido la portavoz del Gobierno.
En otras cuestiones, ha añadido, se buscará un "tratamiento específico similar" al de otros órganos constitucionales del Estado, que, como la Casa del Rey, al no ser administraciones públicas no están sujetas al derecho administrativo en todas sus actuaciones.
Sin concretar qué tipo de gastos o de información relativa a la institución quedarán fuera del alcance de la ley, la vicepresidenta ha señalado que el sometimiento de la Casa del Rey a la futura norma tendrá que ajustarse a lo que señala el Título II de la Constitución, cuyo artículo 65 estipula que el Rey "recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el
sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma".
El Palacio de la Zarzuela ha revelado hoy que desde hace más de dos meses mantiene conversaciones con el Gobierno para incluir a la Casa del Rey en la Ley de Transparencia, una iniciativa que partió de la propia institución.
ACUERDO DEL CONGRESO
Sáenz de Santamaría ha explicado sin embargo que la inclusión de la Casa del Rey en la futura norma surge tras el acuerdo que alcanzaron a finales de febrero los grupos parlamentarios en el Congreso para incluir en la ley a aquellas "entidades e instituciones que se financien esencialmente a través de dinero público".
Aunque el texto no mencionaba expresamente a la Jefatura del Estado, se interpretó como que abría la puerta a la inclusión de la Corona en la Ley de Transparencia. Desde el PP se recordaba entonces que la parte de la asignación presupuestaria que recibe el Rey de cuerdo con la Constitución está blindada y su administración corresponde al Monarca y no al Ejecutivo.
Según la vicepresidenta, ese acuerdo al que llegaron los grupos tras el Debate sobre el Estado de la Nación fue visto con "muy buenos ojos" por parte de Zarzuela.
Fue a raíz de ese acuerdo, ha insistido, cuando desde Vicepresidencia del Gobierno se iniciaron unos contactos con la Casa, "que manifestó desde el primer momento su voluntad de encontrar la fórmula de someterse a esa Ley de Transparencia".
Ambas partes llevan "aproximadamente dos meses trabajando muy activamente" para llevar a cabo esa inclusión y sometimiento de la Casa del Rey a la Ley de Transparencia, "con particularidades por cuanto no es una administración pública, sino una institución del Estado", ha añadido.
La vicepresidenta ha avanzado que su inclusión en la ley se hará "con un tratamiento equivalente" al que tendrán otras instituciones del Estado, órganos constitucionales, que tampoco son administraciones públicas y por tanto no están sujetas al derecho administrativo.
Esta semana el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, encargado de las negociaciones, va a ponerse en contacto con las distintas fuerzas parlamentarias, empezando por el principal partido de la oposición, "para dar cuenta de cómo puede abordarse el asunto", ha agregado.
