El Consejo se encargará de asesorar y elaborar propuestas para el mantenimiento y mejora del cultivo, el desarrollo sostenible de los territorios olivareros, la promoción de sus productos y el fomento de la calidad, según ha dicho en rueda de prensa Mar Moreno, portavoz del Gobierno andaluz.
El Consejo estará presidido por el titular de la Consejería de Agricultura y Pesca e integrado por una vicepresidencia (Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica) y 24 vocalías en representación de la Junta de Andalucía.
También estarán representadas las organizaciones profesionales agrarias, las federaciones de cooperativas agrarias, las organizaciones empresariales y sindicales, la Asociación Española de Municipios del Olivo, organizaciones de consumidores y usuarios y las entidades de economía social relacionadas con el sector, así como seis personas expertas.
Además de sus funciones de asesoramiento, el Consejo tendrá competencia para emitir informes preceptivos sobre el Plan Director del Olivar antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno.
Este documento, que elabora la Consejería de Agricultura y Pesca, tendrá una vigencia de seis años y contendrá las líneas de actuación previstas por la ley que el Parlamento andaluz aprobó en 2011 para reforzar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios.
Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40 % de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y el 20% de la de aceituna de mesa (400.000 toneladas).
Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21 % y el 7 % del total de ventas de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente.
El aceite de oliva supone el 24 % del valor de la producción agraria regional y la actividad vinculada a sus explotaciones genera más de 22 millones de jornales al año.
El olivar andaluz, que representa el 60 % de la superficie olivarera española, se distribuye por las ocho provincias, con especial relevancia en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y sudeste de Sevilla.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Censo de Dehesas de Andalucía, una herramienta que mejorará el conocimiento de este tipo de explotación sostenible de los recursos agroganaderos y forestales, un sistema único en Europa que en la comunidad autónoma ocupa aproximadamente 1,25 millones de hectáreas.
La inscripción de las explotaciones en este registro será requisito imprescindible para acceder a los incentivos y medidas de fomento que establece la Ley de la Dehesa.
