La desastrosa gestión de Monteseirín, especialmente en su último mandato, y el estado de postración económica -una deuda municipal del entorno de los 600 millones de euros- y anímica -80.000 parados- en que dejó a una ciudad hipotecada por sus proyectos megalómanos –las setas de la Encarnación; la biblioteca universitaria en el Prado; la torre Pelli en la isla de la Cartuja; el tranvía como sucedáneo del Metro- en los que ha llegado a enterrar hasta el dinero del PGOU destinado a las futuras infraestructuras, ampliaron por un lado las expectativas a favor de Zoido y, por otro, la condescendencia de los sevillanos y su margen de confianza en él, sabedores de la magnitud de la pésima “herencia” recibida.
Que no haya dinero para casi nada en las arcas municipales y que a ese hándicap haya que unir la política de grandes recortes impuesta por el Gobierno central atendiendo a su vez a las exigencias de Bruselas para rebajar drásticamente el enorme déficit público y recuperar así la confianza de los mercados, han sido hasta ahora pretextos perfectos que los sevillanos han acogido con resignación para justificar la falta de iniciativa del gobierno municipal más allá de las adoptadas en el sector turístico, las de desmontaje de políticas de la anterior Corporación -el Plan Centro de tráfico- y las de puro seguidismo de las que ya estaban en marcha, como la Ciudad de la Imagen, las rutas vinculadas a la ópera y la conversión en mercado gourmet de las naves del Barranco.
Enchufismo político
Pero lo que los ciudadanos no comprenden ni perdonan, máxime en la peor de las crisis desde la Gran Depresión de 1929 y con miles de familias sin ningún ingreso a final de mes por tener a todos sus miembros en el paro, es el enchufismo político, como en que en las últimas semanas ha destapado la Oposición socialista: una treintena de familiares de concejales y cargos del PP, militantes y simpatizantes del partido de la gaviota habían sido colocados en los talleres de los distritos como coordinadores o monitores sin más mérito aparente que su vinculación con el nuevo partido en el Poder.
El voto de confianza dado a Zoido, que incluso lo llegó a pedir prestado durante su campaña electoral a simpatizantes del PSOE de buena voluntad que quisieran anteponer la regeneración de Sevilla a su ideología, se ha sentido traicionado y defraudado al ver que el cambio moral prometido se ha esfumado en tan sólo ocho meses. Zoido, o su entorno, aunque el ciudadano corriente no hace distingos entre uno y otro y acaba atribuyendo todo a su alcalde, han acabado incurriendo en las mismas prácticas que tan vehementemente combatieron cuando se hallaban en la oposición y fustigaban los casos de enchufismo en Sevilla Global o en beneficio de los primos de Monteseirín y del concejal Francisco Manuel Silva.
El cazador, en nombre de Zoido, de enchufados de PSOE e IU, Beltrán Pérez, se ha visto ahora en la tesitura de tener que cazar dentro de sus propias filas a los enchufados de algunos de sus delegados señalados por los socialistas, en una reedición de que quien a hierro mata, a hierro muere. Y éste ha sido el mayor desencanto, constatable en las conversaciones a pie de calle en la ciudad, la extendida opinión de que todos los políticos acaban siendo iguales y que sus promesas de un mundo nuevo duran el tiempo que están en la Oposición y hasta que acaba la campaña electoral.
Renuncia forzada
Frente a la numantina resistencia de Beltrán Pérez, máximo responsable político en este ‘affaire’ en su calidad de delegado de Participación y Coordinación, de negar cualquier tipo de irregularidad y de desviar el tiro hacia las empresas contratantes para los distritos, tratando de obviar que actuaban por encargo del Consistorio, Zoido decidió finalmente dar un golpe sobre la mesa, imponer su autoridad y forzar la dimisión de, hasta ahora, cinco contratados, los parientes de ediles o cargos del PP, con el fin de recomponer la deteriorada imagen del gobierno local.
Sin embargo, estas dimisiones forzadas han sido presentadas ante la opinión pública como “voluntarias”, a fin de no reconocer ningún tipo de irregularidad que derivara en la asunción de responsabilidades políticas. Según fuentes del partido gobernante, la marcha de familiares se ha producido no por razones de (falta de) ética, sino de “estética”.
Para abundar en la maniobra defensiva, el Ayuntamiento mostró documentos en los que las empresas encargadas de realizar los contratos aseguraban no haber recibido ningún tipo de presión o indicación por parte del Consistorio a la hora de seleccionar al personal, una prueba sin mayor consistencia porque es obvio que ninguna empresa que dependa de la Corporación Municipal va a ir contra los intereses de ésta ni contra los suyos propios confesando acciones irregulares por las que podrían exigirle responsabilidades jurídicas.
“Grietas” en el procedimiento
El gobierno local, por boca de Beltrán Pérez, lo más que ha llegado a admitir ha sido la existencia de “pequeñas grietas” en el procedimiento de selección, posibles “errores” o “equivocaciones” sin mala fe, por las que ha pedido “disculpas” de forma pública.
Las explicaciones son poco convincentes, pues no se fuerza la dimisión de nadie ni nadie renuncia a un puesto de trabajo por una mera cuestión de “estética”. ¿Por qué el PP no descubrió lo “antiestética” que era la situación hasta que no la denunció el PSOE? Y si esa situación tan poco estética implicaba la expulsión automática de los familiares colocados, ¿muere la responsabilidad únicamente en los contratados y no en los contratantes; en los sujetos pasivos de la operación y no en los activos? Porque sin contratantes no hubiera habido contratados, algo que parece de Perogrullo.
Beltrán Pérez, al reconocer “grietas” en los procedimientos de selección, ya estaba denotando que se trataba de una cuestión que sobrepasaba la puramente estética. Esas “grietas” son responsabilidad de alguien dentro del equipo municipal, que sigue eludiéndola al mantenerse en su puesto, contrariamente a las exigencias que en casos similares hizo el PP cuando se hallaba en la Oposición.
Otros tiempos
En este sentido se ha recordado estos días que cuando Zoido era el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento gobernado por Monteseirín, denunció en los tribunales al edil de Izquierda Unida y delegado de Deportes, Francisco Manuel Silva, porque el Consistorio adjudicó unos contratos a una empresa –Arecon Eventos- cuyo administrador único era un primo segundo suyo. Según el PP, la “íntima amistad” entre ambos primos debía haber invalidado a Silva para adjudicar contrato alguno, de ahí que le achacara la comisión de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación pública y usurpación de funciones, si bien finalmente la Justicia no encontró punible la actuación del concejal de IU.
En aquel entonces, a raíz de estas adjudicaciones y de que la madre de Silva hubiera sido contratada como portera de una piscina municipal a través de una de las empresas externas que trabajaba para los distritos, Zoido declaró: “Si mi nombre o el de alguno de mis concejales estuviera en tela de juicio, yo mismo pediría una comisión de investigación y firmaría el decreto de creación si fuera el alcalde de Sevilla”.
La foto del DNI
Si el edil Francisco Manuel Silva estaba invalidado para contratar los servicios de una empresa propiedad de un primo segundo suyo, según sostenía entonces Zoido, también deberían estarlo quienes en su equipo de gobierno han contratado a primas, novias, cuñados, hijos, hermanos y cualquier otro tipo de familiares, máxime después de aquel gesto público de Zoido de, enseñando su DNI, proclamar que el único carnet que se exigiría para trabajar en el Ayuntamiento con el PP sería el de identidad y nunca el de ningún partido ni el libro de familia.
Y como hay concejales de Zoido en tela de juicio, en particular el delegado del Distrito Sur, José Luis García, el famoso ‘Pepelu’ emanado de las Nuevas Generaciones del partido, la Oposición le recordó al alcalde en el último Pleno esas palabras y promesas de cuando se presentaba en los Juzgados a denunciar cualquier sospecha a las primeras de cambio.
Pero Zoido no se ha dado por aludido y ha guardado silencio, en espera de que escampe y otro tema pase al primer plano de la actualidad. Los comentarios aparecidos en los medios de comunicación, incluso en los habitualmente más proclives al alcalde, revelan que el gesto de Zoido de forzar la renuncia de los familiares de concejales del Ayuntamiento sin depurar responsabilidades en su gobierno, ni crear una de esas comisiones de investigación que tanto demandaba antes de las elecciones municipales de mayo alardeando tanto entonces como después de “luces y taquígrafos”, es una solución a medias que sólo satisface a los muy adictos pero que deja tocada su imagen de alcalde por encima del bien y del mal.
