El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, instó ayer a la Junta de Andalucía a “asumir la obligación” de financiar el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 de Mercasevilla, ya que si no lo hace estará “lastrando y creando un perjuicio económico y financiero” a la empresa, “que no podrá salir adelante”, constituyéndose así como “responsable directa de la crisis de la empresa”. “No debe recaer sobre los trabajadores que se acogieron de buena fe al ERE o sobre la empresa la responsabilidad que tiene la Junta de Andalucía”, insiste.

Tras visitar las instalaciones de Mercasevilla y Tussam, Zoido ha avanzado que se ha encargado un plan de viabilidad que estará terminado en diciembre “para sanear la empresa y hacerla viable”. “Estoy absolutamente convencido de que los trabajadores harán un esfuerzo, así como los mayoristas, para sacar adelante la empresa entre todos sin que tengan que peligrar los puestos de trabajo”, sentencia.

Así, afirma que ese estudio de viabilidad marcará las pautas de las actuaciones futuras, ya que el objetivo central es que “la corrupción y el desconcierto que ha reinado desaparezca y pase a la historia, llegando hasta el final a la hora de descubrir todo lo que ha pasado”.

El primer edil deja así clara la necesidad de que la Junta de Andalucía “contraiga y asuma la obligación de pagar el ERE de 2007, porque lo acordado hay que cumplirlo”.

Por su parte el comité de empresa de Mercasevilla ha acordado este martes convocar una nueva asamblea general de trabajadores, reunir también en asamblea a los prejubilados del ERE promovido en 2007 y proponer a la plantilla la celebración de una nueva manifestación el 7 de octubre.

Las nuevas movilizaciones se enmarcan en un contexto en el que esta sociedad mixta, participada mayoritariamente por el Consistorio hispalense y Mercasa, podría sufrir ya problemas graves de tesorería el próximo mes.

Mercasevilla cerró 2010 con pérdidas por valor de 381.560 euros después de que 2009 se saldase también con pérdidas de 4.123.666 euros. Para 2008 se esperan pérdida de 1,8 millones de euros.