El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha señalado la Justicia como uno de los principales retos para el próximo Gobierno, asegurando que en estos momentos su situación es "alarmante", debido a la sucesión de huelgas y a los "problemas estructurales", hasta el punto de que avisa de que los jueces ya no están "en condiciones de cumplir" su función "de manera satisfactoria".
"Lo estoy sufriendo en el día a día y lo está sufriendo la ciudadanía", dice en una entrevista concedida a Europa Press Fernández Vaquero, que además de portavoz nacional de AJFV se ocupa del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Cádiz.
Cuenta que, a "los problemas estructurales de siempre" --las "graves carencias" de recursos humanos y materiales, "una estructura de gobernanza caótica" y la "falta de liderazgo para modernizar y agilizar"--, se han sumado este año las huelgas de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y funcionarios de la misma que "han destrozado el sistema judicial".
Entre ambas huelgas, la de los LAJ, que se desarrolló entre enero y marzo hasta alcanzar un acuerdo que contempla --entre otras cosas-- una subida salarial de hasta 450 euros mensuales, y la de los funcionarios de la administración de justicia, que comenzó en abril y se suspendió en julio dado el horizonte electoral, se retrasaron miles de declaraciones, vistas y juicios y se bloquearon millones de euros en las cuentas judiciales.
"La situación es verdaderamente alarmante", sostiene, al tiempo que lamenta que, pese a ello, no parece que la Justicia esté en la "lista de preocupaciones" de los partidos políticos con opciones de gobernar, algo que considera "dramático" por cuanto estima que, junto a las pensiones o la cuestión energética, es uno de los retos "más importantes" para "asegurar el bienestar del país".
Al hilo, recalca que "la Justicia no es el proceso contra Puigdemont", sino "miles de procesos que afectan al tráfico económico, la seguridad jurídica que determina las inversiones, la agilidad en el cumplimiento de los contratos que permite que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler, o que se cumplan las normativas laborales que garantizan los derechos de los trabajadores".
"La Justicia es un factor de desarrollo y de garantía de derechos esencial en cualquier sociedad democrática avanzada, y aquí se ningunea", denuncia. De hecho, alerta: "Ahora mismo no estamos en condiciones de cumplir con esa función de manera satisfactoria".
A todo ello hay que añadir el bloqueo a la hora de fraguar un acuerdo político que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva con el mandato caducado desde hace casi cinco años, una situación inédita.
Fernández Vaquero apunta que el fallo conocido el pasado 22 de junio, con el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón a seis candidatos de la AJFV a formar parte del CGPJ que debía haberse constituido en 2018, puede servir de "impulso", ser "un revulsivo o un catalizador".
Y ello porque declara que la renovación del CGPJ "es un procedimiento obligatorio y reglado, es decir, tiene unos plazos y unos trámites y hay que cumplirlos". "Esto es importante porque hemos dado por sentado durante muchos años en España que los partidos podían hacer lo que quisieran con la renovación del Consejo (...) Pues no", subraya.
Aunque "parece que se queda en un plano teórico", asevera que la sentencia de Estrasburgo "va a tener consecuencias fundamentales en el medio plazo", empezando por que "cualquier candidato de los que han ganado puede pedir que se proceda de inmediato a la votación" en el Congreso de los Diputados y el Senado de las listas de aspirantes al CGPJ confeccionadas en 2018, lo que supondría al menos reactivar el proceso de renovación.
Llegados a ese punto, Fernández Vaquero expone que podría haber 'fumata blanca', y que surgiera un nuevo CGPJ, o "una votación fallida", porque "lo que no están obligados es a ponerse de acuerdo", si bien valora que en todo caso "se habría producido el desatasco de la situación, en el sentido de que se habría dado el siguiente paso legal" y le podrían suceder otros.
Por ejemplo, indica que si la lista cerrada en 2018 naufragara en las Cortes Generales podría dar lugar a que se elaborara una nueva conforme "a la configuración actual de la carrera judicial", en un contexto donde no son pocas las voces que opinan que dicha selección ha caducado porque entre los más de 50 aspirantes que recoge "hay gente que se ha jubilado", otra que "ha renunciado" y jueces que no pudieron concurrir en su día pero ahora sí.
Otra opción, lanza, es que si no hay acuerdo parlamentario se repitan las votaciones hasta que "de alguna manera se vean coaccionados" a "encontrar una solución". En este punto, recuerda el reciente caso de la elección del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. "Pues si tienen que estar 46 días encerrados, que estén 46 días encerrados", resuelve.
Fernández Vaquero no duda al sentenciar que el verdadero motivo por el que no se ha renovado el CGPJ es que los partidos "se lo están intentando repartir por cuotas" de poder, en vez de centrarse en buscar a "los mejores", "y así es imposible".
De hecho, avanza que otra de las consecuencias del fallo del TEDH podría ser que acabara empujando al Tribunal Constitucional (TC) a pronunciarse sobre "la constitucionalidad del sistema", bien de oficio --ya que Estrasburgo le afeó que inadmitiera el amparo de los seis candidatos de la AJFV sin justificación alguna--, bien porque la asociación judicial lo promueva: "Tenemos opciones para provocar el pronunciamiento del TC".
La cuestión a dilucidar por la corte de garantías --precisa-- sería determinar si su sentencia de 1986, en la que dijo que el sistema actual, por el cual Congreso y Senado designan a los vocales del CGPJ, "era constitucional siempre y cuando los grupos no reprodujeran (en el CGPJ) las mayorías y minorías parlamentarias", se ha respetado. Para Fernández Vaquero, tanto PSOE como PP la llevan incumpliendo décadas.
Interrogado sobre el modelo vigente, que el PP exige reformular para que sean los jueces quienes elijan a los 12 vocales del turno judicial, aclara que la AJFV es partidaria de reformar primero y renovar después, modificando la ley de forma que el nuevo sistema no sustituya a los partidos políticos por las asociaciones judiciales.
"Sería peor", afirma y razona que, al menos, "los partidos concurren a elecciones y se legitiman ante la ciudadanía, cosa que las asociaciones no", al margen de que cree que habría que introducir medidas correctivas para garantizar que "las distintas sensibilidades" que hay en la carrera judicial tengan posibilidades reales de estar presentes en el CGPJ.
Por otro lado, se ha referido al acuerdo alcanzado el pasado mayo entre Justicia y Hacienda y las asociaciones judiciales --todas menos la APM, la mayoritaria en la carrera judicial-- y las fiscales, que incluye una subida salarial similar a la de los LAJ.
A pesar de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no lo formalizó en el último Consejo de Ministros antes del 23-J, algo que habría garantizado que el primer pago se reflejara en las nóminas de octubre, Fernández Vaquero se muestra seguro de que "el nuevo Gobierno cumplirá".
"Otra cosa es cuándo y cómo y ahí es donde puede haber problemas", augura y asume que tendrán que estar "vigilantes". Preguntado sobre la posibilidad de ir a la huelga, algo con lo que jueces y fiscales llegaron a amenazar en mayo, responde que, si bien "no se ha hablado de nada en concreto", sí "se ha hablado de tomar medidas, y no se ha excluido ninguna".
