Queremos para El Puerto lo mismo que tenemos constancia de que se está haciendo en otras ciudades andaluzas”. Así se ha referido el presidente de Coave, José Antonio Castro, en lo referente a los servicios de luz y agua que continúan demandando las ARG, a falta de los últimos trámites para la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).
Unos servicios que, tal y como explican desde la organización, “prácticamente tienen todos los vecinos, pero nos referimos a la calidad de esos servicios”. Hablamos de unos 5.200 que constituyen todas las viviendas cuya situación se tiene que regularizar. En este punto, cabría que explicar que se da una doble circunstancia: por una parte, están aquellos vecinos que disponen de un contador por vivienda; y, otros que comparten un contador por Ema. “Lo que ocurre es que en el momento que uno conecta el horno o el aire acondicionado, toda la Ema se queda sin luz, lo que está trayendo muchos problemas entre los vecinos”, han subrayado desde la asociación.
Todo esto marca, como ya se ha tratado en anteriores ocasiones, la necesidad de tratar a cada Ema de forma distinta, ya que cada una de ellas presenta problemas y necesidades diferentes. “Es una cuestión que hemos explicado ya muchas veces al Ayuntamiento, pero que parecen no caer en la cuenta de que es así”.
Otra de las cuestiones que está inquietando a Coave es el hecho de la interpretación de la LOUA por parte del Consistorio local. “Ellos interpretan el articulado de una forma que, según nuestros técnicos a los que hemos consultado, no están de acuerdo, en el sentido de que hay resquicios legales para aquellos vecinos que tengan los monolitos de luz y agua en la puerta de su casa para que se puedan acceder a esos servicios antes de que la parcela sea solar”, han destacado desde la organización. En este punto en cuestión, Coave ya ha expresado su deseo de, una vez que se apruebe el Plan General y entre en vigor, solicitar “informes oficiales, tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía, ya que nos parece indignante que por qué una vez que pase a estar vigente el PGOU, se nos cobren unos terrenos como urbanos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y no se aplique la misma norma hasta que no sea solar”, ha recalcado Castro.
De esta forma, reclaman que los vecinos “van a tener que estar pagando 8, 10 y 12 años, IBI, en algunos casos, de la vivienda como terreno urbano y el terreno como rústico”. Circunstancia que tachan de “paradoja”, ya que “viviendas que no entran en el sistema de regularización, sí pueden acceder a determinados servicios como la luz o el agua a través del AFO (Asimilados Fuera de Ordenación), mientras que el resto de los vecinos que sí están dentro están condenados a pagar estos impuestos”.
Relativo a esto, apuntan que irán “hasta las últimas consecuencias” para que la dotación a todos los vecinos de las Emas de los servicios imprescindibles para la habitabilidad sea una realidad. “Se les ha hecho pagar a los vecinos unas cantidades tremendas para que ahora no puedan acceder a esos suministros”, han señalado.
Ejemplos de otros municipios
De hecho, lo que solicitan desde Coave no es más que, como se ha apuntado anteriormente, un ejemplo de lo que ya se está realizando en otros municipios. Concretamente, en la capital cordobesa, el concejal de Urbanismo, Luis Martín – perteneciente al Partido Popular de Córdoba –, presentaba a inicios de este mes, una campaña informativa por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para animar a los propietarios de las parcelas irregulares de la capital y su entorno a que se acogieran a la nueva figura urbanística Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), por la que ya se están tramitando varios expedientes.
En palabras del propio concejal cordobés, “el urbanismo debe estar al servicio de los ciudadanos”. Cita que utilizan igualmente desde Coave para llamar la atención, dejando constancia así que Concejalías de Urbanismo de otras ciudades, pero del mismo signo político del Ayuntamiento de El Puerto, están realizando otras acciones que puedan dar una vía de salida y de esperanza a los vecinos de las viviendas irregulares de nuestra localidad.
Cabe recordar, en este mismo sentido, que el AFO era ya una alternativa que tanto Coave como Fevema habían planteado a sus asociados, pero que una buena parte de ellos habían descartado al ver tan “inminente” la regularización de las viviendas. Sin embargo, ésta parece que vuelve a dilatarse en el tiempo, después de varios envíos a la Junta y sucesivas correcciones por parte del Consistorio. Habría que destacar que el AFO permitiría, no sólo la dotación de servicios básicos a estos inmuebles, sino también la inscripción de la misma en el registro de la propiedad.
Corredor verde
En relación al denominado Corredor verde, hay determinados asuntos que preocupan y han generado frustración entre las asociaciones de las Emas.
En primer lugar, el hecho de que no se encuentren convocadas en esta comisión todas las asociaciones que conforman el corredor verde. En este sentido, cabría informar que mientras que Los Perales II y Las Manoteras están recogidas dentro de la comisión, las otras dos asociaciones de vecinos que también forman parte del Corredor Verde, como son Winthuyssen y Pago Machete, no se encuentran. “Esto es algo que no entendemos porque, precisamente, si se crea una comisión para tratar los problemas y las circunstancias del Corredor Verde, lo lógico es que estén convocadas todas las asociaciones que lo integran”, ha afirmado el presidente de Coave, José Antonio Castro.
El otro motivo que ha creado descontento entre las asociaciones ha sido el hecho de que ellas mismas no estén representadas en la comisión de seguimiento. Se trata, concretamente, de Coave y Fevema.
De hecho, ambas organizaciones realizaron alegaciones al Plan General, por lo que les sorprende, aún más, que hayan quedado excluidas de dicha comisión. “Desde Coave hicimos alegaciones para que en el PGOU quedara el Corredor Verde como una ARG más del conjunto del Plan”, ha afirmado Castro que ha añadido que no entienden “por qué en esa comisión se han tomado o se van a tomar decisiones, ya que no se ha convocado a todos los afectados”.
Y es que tal es la incertidumbre y preocupación entre Winthuyssen y Pago Machete que le preguntan a los responsables de las asociaciones el por qué de que el Ayuntamiento local les discrimine.
Cabe recordar que la comisión de seguimiento del Corredor Verde se constituyó a finales del pasado mes de julio y que tras su constitución, se hizo un recorrido histórico por diferentes actuaciones que se han venido realizando por este enclave, desembocando en la Aprobación Provisional III de la Revisión del PGOU en la que se recogían los cuatro ámbitos como Áreas Transformadas. Solución que quedó desestimada por la resolución de aprobación del PGOU. Sin embargo, en la documentación que se preparó con objeto del Avance del POTBC-J, ya se reconocían dichos asentamientos y no será posible reconocer en el PGOU dichas áreas hasta que el POTBC-J no esté vigente.
Relativo a esto, desde Coave recuerdan que en diciembre del pasado año, el delegado de Medio Ambiente, Federico Fernández, “comprometió su palabra con Coave ante el alcalde, Enrique Moresco, y el teniente de alcalde, Antonio Jesús Ruiz, diciendo que en el nuevo POTBC-J, la desprotección medio ambiental de las viviendas afectadas por el Corredor Verde iba a ser un hecho era un hecho”, por lo que no entienden que una de las conclusiones de esa primera reunión de la comisión de seguimiento fuera pedir la modificación del POTBC-J actual ante la tardanza en la tramitación de la revisión del mismo por parte de la Junta de Andalucía, “ya que ese compromiso existe desde el año pasado”.
