En una nota de prensa, los grupos de la oposición han elevado al pleno del viernes una moción conjunta instando al gobierno local a modificar el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal del Ayuntamiento de El Puerto (ROGAM), incorporando una cláusula expresa que establezca que: "Los gastos de defensa jurídica asumidos por el Ayuntamiento a favor de un concejal o cargo público, derivados de procedimientos judiciales relacionados con su actuación pública, deberán ser reintegrados en su totalidad a la Hacienda Municipal en caso de que dicho cargo público resulte condenado por resolución judicial firme".
“Asimismo, y para los casos en los que esta devolución no se produzca de manera voluntaria, se propone además que dicha cláusula recoja que el Ayuntamiento procederá a exigir judicialmente el reintegro de esas cantidades por la vía legal correspondiente”, dicen.
“Esta iniciativa refrendada por los 4 grupos de la oposición viene a dar respuesta a la indignación ciudadana tras conocerse que el concejal popular, Jesús Garay, actualmente imputado en 2 causas, ha solicitado por registro oficial la ‘designación de abogado y procurador externos para la asunción de defensa en procedimiento indicado’”. Esta cuestión, a juicio de los portavoces, “es absolutamente inmoral, ya que estamos hablando de un concejal que cobra la friolera de 63.000 € del Ayuntamiento, y además con una gestión que deja bastante que desear, pues más allá de las 2 causas en las que se encuentra investigado, la de Puerto III y la del trenecito a Puerto Sherry, poco más se le conoce de su labor municipal”.
Desde PSOE, VOX, UP e IU señalan que “no podemos permitir que los vecinos y vecinas de El Puerto paguen las consecuencias de actuaciones personales de cargos públicos, como en este caso, ya que, lejos de defender a la ciudad, podría haber actuado en su perjuicio”, añadiendo que “para proteger los recursos municipales y garantizar la responsabilidad personal de los cargos públicos hacemos esta propuesta para que quien cause daño al erario público, directa o indirectamente, responda de ello y no se beneficie de recursos de todos para defenderse de actos que puedan ser delictivos”.
Continúan afirmando que “en cuanto al caso concreto del concejal popular Jesús Garay, los portavoces destacan que, paralelamente a su petición de abogado y procurador externos, a través de la plataforma de Contratación del Sector Público hemos conocido que el Ayuntamiento ha resuelto la contratación por 7.200,00 € de: ‘Abogado externo para llevar a cabo la representación y defensa de los intereses municipales, por periodo de tiempo de seis meses ampliable en su caso por otros seis, en los procedimientos judiciales tramitados en todo orden jurisdiccional e instancia en los que a fecha actual es parte este Ayuntamiento, o pudiera serlo durante el indicado periodo de tiempo’.
Coincidiendo “casualmente” -dicen en el comunicado- que “en este expediente se ha contratado al abogado privado que está llevando la defensa jurídica de Jesús Garay, según indicó públicamente el propio bufete abogados, Yrigoyen, siendo dos actos independientes entre sí”.
Toda esta situación, “cuya legalidad no cuestionamos, denota la inmoralidad y la falta de escrúpulos de este gobierno, cuyo alcalde Germán Beardo cuando imputan a uno de sus concejales lo premia dándole más poder y subiéndole el sueldo, y ahora además pagándole el abogado con el dinero de todos los portuenses”, han finalizado los portavoces.
