Todos conocemos, quien más quien menos, el Art. 5.1 de la Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que se aprobó en el Parlamento Español en Diciembre del 1999. Era una ley como cualquier otra de carácter general que se notaba poco o muy poco tanto desde el punto de vista de la empresa como de la consumidora/consumidor.
Estábamos al final de la burbuja del movimiento denominado punto com (.com) y que explotaría en la Bahía de San Francisco un año más tarde en el 2000. Ya por entonces se consideraba importante salvaguardar la información del la usuaria/usuario de la vorágine digital que inundaba nuestras vidas.
Una ley que al fin y al cabo poco o nada cambió la manera de las empresas de comunicarse con sus clientes, y de las/los usuarias/os de interactuar con las empresas. Una ley imposible ya que incluía entre sus párrafos la obligación de que las empresas mantuvieran segura la información de sus clientas/es en todo momento. Cualquiera que conozca como funcionan las bases de datos sabe que eso es imposible - no existe el concepto de ‘seguro’ y ‘en todo momento’ juntos.
Ya ha pasado la burbuja del punto com (.com) y ahora que ya han pasado casi 20 años de que la era digital sea una realidad y no futuro, el Parlamento, esta vez el Europeo, se ha propuesto pasar - y ha pasado - una ley todavía más imposible - la ya conocida RGPD, o Reglamento General de Protección de Datos. Esta ley regula todo el tratamiento que las empresas hacen de las/os usuarias/os y lo más importante, del consentimiento que estas/os hacen de los mismos antes de que se haga. Es decir, ya no es que tengamos que solicitar a la empresa que deje de enviarnos emails cada día con ofertas, ahora tenemos que darle permiso para hacerlo de forma explícita antes de que lo haga.
Si la ley de carácter estatal era de imposible aplicación, esta ley de carácter europeo es todavía más imposible si cabe. No se pueden aplicar leyes de carácter general en un universo digital donde gravitan millones de aplicaciones, cúal planetas, unos más grandes que otros. Simplemente no se puede esperar que las aplicaciones que usamos esperen a nuestro consentimiento afirmativo para desarrollar su funcionalidad - no pasa y no va a pasar. No porque no quieran sino porque la ley choca con la realidad digital en la que gravitan las empresas digitales.
