El expresidente de Osasuna Patxi Izco, el que fue su vicepresidente Juan Pascual y el actual director de la Fundación de la entidad han sido detenidos esta mañana y trasladados posteriormente a los juzgados de Pamplona para declarar sobre el presunto desvío de, al menos, 2,4 millones de la entidad.
El expresidente Izco había acudido esta mañana a la comisaría de la Policía en Pamplona para testificar, acompañado de su abogado, y fue detenido a la espera de pasar a disposición judicial.
Lo mismo hicieron el que fue su vicepresidente Juan Pascual y el actual director de la Fundación del club, Diego Maquírriain.
Los tres quedaron detenidos en las dependencias policiales y han sido trasladados al mediodía a los juzgados para comparecer ante el juez Fermín Otamendi, titular del Juzgado de Instrucción número dos de Pamplona.
En las dependencias judiciales se encuentran también a la espera de declarar ante el juez el expresidente de Osasuna Miguel Archanco, el exgerente Ángel Vizcay y el exdirectivo Txuma Peralta.
Los tres fueron detenidos ayer por la Policía y han pasado la noche en la Comisaría, desde donde han sido trasladados esta mañana a los juzgados de Pamplona.
El citado juzgado investiga el destino del dinero y la comisión de los presuntos delitos de apropiación indebida, societario y falsedad documental.
El proceso judicial comenzó el 19 de febrero, cuando la actual junta directiva de Osasuna, presidida por Luis Sabalza desde el 10 de diciembre, denunció presuntas irregularidades cometidas supuestamente durante el mandado de Archanco.
Osasuna, que todavía no está personado como acusación particular, denunció el desvío irregular de fondos de 2.416.611 euros.
El informe de la auditoría revela supuestas irregularidades en las cuentas del club, sin que necesariamente estén ligadas a la confesión del exgerente, Ángel Vizcay, del intento de amaño de partidos del final de la pasada temporada.
En el mismo juzgado se ha sumado a este sumario la querella que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) presentó en los pasados días por un supuesto amaño de partidos, lo que implicaría la comisión de los presuntos delitos de apropiación indebida y corrupción de particulares.
