El presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo, la popular María Gil, dicen que no se muestran "sorprendidos" por la detención de la exregidora del PSOE Luisa Ruiz, entre 2007 y 2011, junto a otras dos personas hasta el momento, porque ya se conocía "la realidad" del municipio y "muchas de las actuaciones que se llevaron a cabo" que se caracterizaban por "la escasa adecuación a la lógica y tenemos dudas sobre su adecuación al ordenamiento jurídico, que al parecer se pueden despejar próximamente".
Así lo ha destacado Nieto en una rueda de prensa, en la que ha manifestado que los asuntos que se investigan "vienen desde hace tiempo coleando", si bien subraya que "por encima de cualquier cosa hay que dejar a salvo el buen nombre y prestigio del municipio", algo que, según él, "sus vecinos ya hicieron lo que tiempo después están realizando desde la justicia, que es la valoración de cómo se ha gestionado el municipio y las consecuencias".
En este sentido, destaca que los vecinos "normalizaron la situación con un cambio radical de gobierno que hace que hoy la imagen de la tranquilidad y la democracia sea la de María Gil", que, tal y como ha recordado, "en la oposición ya denunciaba las prácticas que dañaban al municipio y presuntamente además de dañar al municipio estaban fuera de la legalidad".
En concreto, Nieto considera que "las actuaciones se producen cuando hay indicios muy evidentes de que presuntamente se ha vulnerado la legalidad en este caso", frente a ello defiende que el PP ha tratado de "transmitir transparencia" en la gestión y sobre la etapa anterior, "de dónde vienen las situaciones por la mala gestión de los recursos".
De este modo, cree que "es muy grave" la situación "en una persona que no solo fue alcaldesa de Peñarroya, sino que también formó parte del consejo de administración de CajaSur, ha tenido responsabilidades importantes en la dirección del PSOE en Córdoba", además de en la dirección regional del PSOE, ha puntualizado el presidente del PP cordobés, para apostillar, "no hablamos de cualquiera".
Además, Nieto, quien se muestra "orgulloso" porque "ninguno de los 20 alcaldes del PP" en la provincia "tenga ninguna sombra de duda sobre su gestión", pide que los políticos que "hacen mal uso de las normas, las reglas y el dinero de los ciudadanos lo paguen con toda la crudeza de la ley y el mayor rigor que se pueda aplicar", al tiempo que dice que respeta la investigación "compleja y difícil" y manda un mensaje de "tranquilidad" al municipio.
Mientras, comenta que este caso, en el que la Guardia Civil ha registrado este martes el Ayuntamiento de Peñarroya para "cotejar" datos de la investigación, "desgraciadamente no es un hecho aislado, ni solo es Peñarroya donde se hayan encendido las alarmas de la ilegalidad en la provincia", momento en el que ha citado diferentes casos como el del alcalde imputado de IU en La Rambla; el "agujero" en el Consorcio de Bomberos de la Diputación; la situación "sistémica" del Ayuntamiento de Fuente Palmera, "donde prácticamente nada se hacía conforme a la ley"; las dietas "irregulares" de Benamejí; las "facturas falsas" de Baena, o la "prevaricación" en Nueva Carteya, entre otros, hasta el caso Gestagua, también en Peñarroya, y que, añade Nieto, "no sabemos si ha tenido que ver con este".
Al respecto, argumenta que "siempre ha ocurrido igual: primero la sorpresa, después la negación de la realidad, trasladar la culpa a las autoridades judiciales y nunca reconocer una mala práctica, un desvío de poder y una falta de respeto a la legalidad". Así, Nieto reclama que "la ley debe actuar con toda dureza y claridad con las excepciones de políticos que no respetan las normas y se saltan la leyes", al tiempo que muestra "absoluta tranquilidad" en este caso por "el buen hacer" de su equipo de gobierno del PP.
"PRESUNTAS IRREGULARIDADES"
Entretanto, la alcaldesa del municipio, la popular María Gil, ha destacado que cuando llegó al gobierno local el PP el Ayuntamiento estaba en una situación "absoluta de quebranto económico" por la gestión que "dejó el PSOE", y entre ello, recuerda que "se detectaron una serie de irregularidades que fueron denunciadas en tiempo y forma ante la policía judicial". En este caso, en el mes de octubre del año pasado, todo ello por "presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones y sus justificaciones".
La denuncia inicial apuntaba la existencia de supuestas irregularidades en relación a la gestión de las subvenciones otorgadas para los proyectos de instalación del denominado Tren Turístico 'El Guadiato', por valor de 1,8 millones de euros, y del Museo del Ferrocarril, con unos 500.000 euros para "la compra de unas máquinas", si bien la Guardia Civil ha extendido la investigación a otras ayudas de las que ha sido beneficiario el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo entre los años 2007 y 2011, y en estos momentos, "ni siquiera sabemos hasta donde han podido llegar" las ayudas, relata la alcaldesa.
Así, María Gil destaca que lo que importa ahora es que "todo se aclare" y que los ciudadanos "deben saber la verdad de lo que ha pasado entre 2007 y 2011 en el Ayuntamiento", que este martes ha sido registrado para "cotejar" datos para la investigación, así como la sede de la empresa municipal 'Promociones Industriales', entidad "con la que se trabaja para las subvenciones", así hasta un total de once registros y entradas en distintos puntos, según fuentes de la investigación.
Mientras, la alcaldesa tiende su mano a colaborar con la justicia y la Guardia Civil en este caso, que se encuentra bajo secreto de sumario y en el que ya hay tres detenidos, entre ellos la exalcaldesa del PSOE, y un total de diez imputados, al tiempo que aclara que el Ayuntamiento "va a seguir funcionando de forma ordinaria".
'OPERACIÓN ROCKET'
La operación, denominada 'Rocket', se desarrolla en Córdoba, Barcelona, Lérida, Valencia y León, por el caso de las presuntas irregularidades en subvenciones europeas, nacionales y autonómicas sobre las antiguas zonas mineras del carbón.
En dicha operación los agentes han detenido ya a la exalcaldesa del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo Luisa Ruiz, que aún no ha pasado a disposición judicial, además de a otras dos personas de fuera de la provincia de Córdoba. Los tres detenidos supuestamente han cometido delitos Contra la Hacienda Pública, Prevaricación Administrativa y Falsedad en Documento Público.
La operación es fruto de una investigación desarrollada a raíz de una denuncia del actual gobierno municipal del PP en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), para esclarecer el destino final de subvenciones europeas, nacionales y autonómicas, otorgadas para el desarrollo económico de las antiguas zonas mineras del carbón, así como presuntas irregularidades que también afectarían a los posteriores procesos de contratación pública que se articulaban para hacer efectivas las distintas actuaciones subvencionadas.
Igualmente en esta fase de explotación, los agentes realizan once entradas y registros en distintos lugares, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), la empresa municipal 'Promociones Industriales', diversas sedes de empresas vinculadas con los hechos y domicilios particulares de las personas implicadas.
Cabe destacar que la operación la llevan a cabo agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apoyados por Unidades del Cuerpo de las zonas de actuación, todo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta, no descartándose futuras detenciones y/o imputaciones.
