El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido una reunión con las cuatro ex trabajadoras de Andalucía Orienta, que se han incorporado a la plantilla municipal a raíz de una sentencia judicial. Las trabajadoras se han destinado al departamentos de la Agencia Municipal de Desarrollo y Empleo Local, AMDEL, de manera que se refuerzan estos servicios aprovechando sus conocimientos y su experiencia profesional previa.
A la reunión también asistió la concejal delegada de Empleo, Belén Jiménez, y el responsable técnico de este departamento. Al finalizar el encuentro, el regidor sanroqueño explicó que “la principal política del gobierno municipal es el empleo, y nuestra preocupación gira en ofrecer respuesta a los más de 3900 desempleados que desgraciadamente tiene San Roque, donde hemos llegado a contar en 2012 con 4700 desempleados y la cifra se ha ido reduciendo en casi 800 desempleados, pero sabemos que queda mucho trabajo pendiente”.
“Por ello, tomamos con satisfacción la recuperación de cuatro empleadas del programa Orienta que vienen a reforzar el área de empleo del Ayuntamiento de San Roque, concretamente a AMDEL”, desveló Ruiz Boix.
El alcalde señaló que “estamos tratando de mejorar el catálogo de servicios que se prestan desde Amdel, planeando nuevas actividades que posibiliten más oportunidades laborales a los desempleados, que tengan una valoración positiva del servicio que se les presta, y de la cuantía económica que el Ayuntamiento destina al área de empleo”.
Explicó el alcalde que “tenemos nuevas partidas en el presupuesto 2016, como por ejemplo las que se dedican al área de formación, y el refuerzo de estas cuatro personas nos va a permitir tener nuevos servicios para el reto de seguir sumando más empleados y reduciendo la lista de desempleados en el municipio”.
En el Pleno Ordinario del pasado mes de septiembre se aprobó, con el único voto en contra del PIVG, la incorporación de de un administrativo y tres técnicos del programa Orienta, que han obtenido una sentencia favorable del Juzgado de lo Social.
En ese Pleno se aprobó la modificación presupuestaria para la creación y dotación de un administrativo y tres plazas de técnicas para ejecutar una sentencia que les daba la razón a estas trabajadoras cuando denunciaron que habían sido cedidas de manera ilegal.
