La mala relación es evidente entre Juan José Puerta, el concejal que formó parte del equipo de Gobierno desde las filas del PSOE hasta el pasado año, y el alcalde socialista de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix.
Pero las discrepancias entre ambos no se limitan ya a enfrentamientos en el pleno, sino que ha llegado hasta los tribunales. Ayer Juan José Puerta presentó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de San Roque una denuncia “por presunto delito de prevaricación, realizado por D. Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde del Ayuntamiento de San Roque, así como por la Secretaria General”.
Argumentos de la denuncia
En el escrito presentado por el concejal ante la Justicia se exponen todos los hechos que lo han llevado a presentar dicha demanda.
Y lo hace exponiendo inicialmente que como concejal que no forma parte del equipo de Gobierno, “su función es actualmente el control y fiscalización de los órganos de gobierno conforme marca la Ley”.
Tras este importante matiz relata que el pasado 14 de abril, solicitó por Registro de Entrada a la Alcaldía diversa información, “concretamente sobre 17 cuestiones, sin que hasta la fecha haya sido facilitada ninguna de ellas”. Una semana más tarde, recibió una notificación en la que se le respondía, por decreto de Ruiz Boix, “que justificara que los datos que solicitaba eran precisos para mi función de concejal”, según consta en la denuncia presentada ayer.
Un día más tarde contestó al requerimiento del alcalde adjuntando incluso “jurisprudencia del Tribunal Supremo que exime de la justificación pretendida”. Y volvió a presentar la solicitud de información como ruegos y preguntas al Pleno del día siguiente, “dado que conforme a la legislación vigente las preguntas presentadas con 24 horas de antelación serían respondidas en la sesión correspondiente”.
Pero tampoco se le respondió en la sesión plenaria. ”Desde la Secretaría General se informó que el plazo no contaba desde que el escrito tuvo entrada en el Ayuntamiento, sino desde la fecha en que llegara a su departamento, la cual es desconocida así como el retraso que se produzca entre dependencias y sus motivos. Por ello entiende que la interpretación por parte de la Secretaría General del Reglamento Orgánico Municipal no es ajustada a derecho por la enorme inseguridad jurídica que provocaría”.
A pesar de todo ello Puerta volvió a esperar al siguiente pleno, pero tampoco en mayo tuvo respuesta a alguna de las 17 preguntas formuladas.
En la denuncia argumentaba también que tampoco se le respondió al recurso planteado después de que se le pidiera justificación para su petición de información.
Así, concluyó: “La negativa a respetar la legislación vigente facilitando la información en tiempo y forma a los legítimos representantes públicos podría ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación” y por ello presentó la denuncia en estos términos tanto hacia el alcalde como hacia la Secretaria municipal.
