El equipo de gobierno municipal llevará al próximo pleno de la corporación, que se celebrará el viernes 26 de abril, la propuesta de declarar la nulidad de un decreto del año 2009 para la devolución del dinero de una licencia de obras que no llegó a ejecutarse.
Se refiere en concreto a una licencia concedida a la empresa Inazal para la construcción de 122 apartamentos en la zona de Los Sauces, que no llegó a construir y solicitó que se le devolvieran los 167.981 euros que había abonado por la citada licencia, siendo aprobado mediante decreto del anterior equipo de gobierno, aunque no abonado.
El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, consideró que el decreto “tuvo que ser fruto de un error” ya que las ordenanzas y la propia legislación no contemplan la devolución del importe de una licencia que el Ayuntamiento tramita, informa y concede, y que si no se realiza es por voluntad del solicitante.
“El Ayuntamiento hizo su trabajo, y sorprendentemente nos encontramos con un decreto de 2009 que dice que se le devuelva el dinero. Pero no lo vamos a devolver porque no tenemos que hacerlo”, manifestó Fernández.
Para el edil “es un error que hay que revisar de oficio por el cual se le iba a devolver indebidamente a la constructora Inazal por 167.981 euros, porque se le aprobó la devolución del dinero de una licencia de obras que al final no llevó a cabo”, aclarando que “si el Ayuntamiento ya da la licencia de obra, es porque se habían hecho todos los trabajos de técnicos, informes, la tramitación... no se puede devolver el dinero porque ese trabajo ya está hecho, y por lo que se cobra esa licencia de obra es por ese trabajo burocrático que hace el Ayuntamiento y va en función de la inversión”.
Indicó que la operación “se trata de un proyecto de 2009 de 122 apartamentos en Los Sauces” aportando que “la empresa, el 18 de diciembre de ese año, anunció que renuncia a la obra a pesar de haber hecho la urbanización de la parcela. Y lo que es más sorpresivo: se firmó un decreto por el que se le devolvía el dinero, cosa que es ilegal a nuestro juicio y de los técnicos”.
Apuntó que las revisiones de oficio “es algo habitual en esta legislatura, como ya hemos hecho con el swat del Santander y ahorrarnos esos 10 millones de euros que hubiésemos tenido que pagar de ese contrato leonino que no nos aportaba nada al Ayuntamiento; o la anulación de la recepción de las obras de la Yesera, donde se había forzado al técnico correspondiente para que certificase lo que no estaba concluido”.
Quiso aclarar que “no es que estemos todos los días mirando para atrás la legislatura anterior pero es que en este caso no se había devuelto el dinero y la empresa nos lo ha reclamado y a ver el expediente les dijimos que cómo le íbamos a devolver ese dinero si ya le dimos la licencia de obra y lo que tenemos que hacer es anular ese decreto, mejor dicho, cuatro decretos, cuatro licencias de obras concedidas”.
Además, fue tajante al indicar que “nosotros no vamos a pagar porque no tenemos por qué, porque ese decreto es erróneo y no sé quién aconsejó al autor para que devolviera lo que no tenía que devolver. El Ayuntamiento cobra por la tramitación del expediente, que ya se había tramitado y las obras de urbanización. La empresa lo pide y alguien se equivoca y firma que lo va a devolver. Gracias a que no había fondos no se pagó y además Inazal no está muy bien económicamente y por tanto, de habérselo pagado, ahora sería difícil de recuperar”
Luis Ángel Fernández señaló que las firmas fueron realizadas por el entonces concejal de Hacienda de aquella época, el socialista Juan Barranco.
