Un hombre con dos condenas que suman más de 26 años de cárcel por pornografía infantil pudo seguir trabajando en contacto con menores al haber recurrido las sentencias, con lo que no aparecía en el Registro central de delincuentes sexuales. La Fundación ANAR de ayuda a niños y adolescentes alerta de los agujeros de ese instrumento.

"En la justicia española, hablar de recurrir es hablar de años", se lamenta en declaraciones a Efe la directora del departamento jurídico del teléfono ANAR, Sonsoles Bartolomé.

Según recoge el Ministerio de Justicia en su página web, el Registro Central de Delincuentes Sexuales es un sistema de información sobre la identidad, el perfil genético, las penas y las medidas de seguridad impuestas "personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía".

Desde la Fundación piden que una vez que haya una condena por un delito sexual se inscriba en el registro, aunque no sea todavía firme, y reclaman también que los empleadores soliciten a sus trabajadores el certificado de antecedentes de forma periódica si trabajan en contacto con niños, no solo al contratarlos.

Según la ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, presentar un certificado limpio es requisito para ser contratado o trabajar como voluntario en un sector que implique contacto habitual con menores (guarderías, escuelas, campamentos, clubes deportivos, etc), pero queda a criterio del empleador pedir nuevamente el certificado si tiene sospechas fundadas de que ha podido ser condenado después.

Cada año, según las cifras que maneja Justicia, se impide que centenares de delincuentes sexuales trabajen con menores. En 2019, por ejemplo, se solicitaron más de 2,6 millones de certificados y en 651 casos el resultado fue positivo.

El debate surge tras detener la Guardia Civil a un hombre por abusar de un niño de 11 años en San Fernando (Cádiz).

Era entrenador del San Fernando Club Deportivo, que subraya que le presentó un certificado limpio cuando tramitó su ficha federativa, aunque sobre él pesaban dos condenas por delitos sexuales, de 2019 y de este mismo verano.

La más grave es la de 2019: 25 años por embaucamiento de once menores y elaboración de pornografía infantil cuando trabajó en un campamento en Ronda (Málaga) en 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la ratificó en 2020, pero el hombre la volvió a recurrir ante el Supremo, con lo que todavía no es firme.

Desde ANAR recuerdan la importancia de poner en marcha campañas de sensibilización ante los abusos sexuales para prevenirlos y saber detectarlos precozmente.

"Es más frecuente de lo que pensamos y no siempre se ven las señales. No es un fenómenos aislado y se puede dar en cualquier situación", subraya Bartolomé recordando que los agresores suelen ser de la familia o del círculo de confianza de los menores.