Esta central es la primera que se somete a un exhaustivo proceso de evaluación técnico para decidir una prórroga de su denominada vida de diseño –40 años–, que acaba el próximo mes de julio, o su cierre definitivo.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene como fecha límite el próximo día 5 para emitir su informe técnico.
Garoña está en funcionamiento desde 1970 y la autorización de explotación es válida hasta el 5 de julio, aunque la empresa titular de la misma, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), ha pedido una prórroga del permiso por un nuevo periodo de diez años.
El Pleno del CSN, compuesto por dos consejeros propuestos por el PSOE, dos por el PP y uno por CiU, podría aprobar este miércoles el informe y remitirlo al Ministerio de Industria, aunque es más probable que agote la fecha tope.
Si el informe del órgano regulador es desfavorable y desaconseja la prórroga, éste tendrá carácter vinculante para el Gobierno, que deberá ratificar su cierre.
Por el contrario, si considera que se debe prolongar la vida útil de la central porque reúne las condiciones de seguridad requeridas para seguir operando, será el Consejo de Ministros el que tome la decisión.
El de Garoña es el reactor nuclear más antiguo de los ocho actualmente operativos en España y el primero sobre el que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero deberá adoptar una decisión.
El cierre o la continuación de la actividad en esta planta suscita reacciones encontradas entre los distintos partidos políticos, patronal, sindicatos y organizaciones ecologistas y sociales.
El programa electoral del Partido Socialista Obrero Español recogía el compromiso de cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que vayan agotando su vida útil.
No obstante, el Gobierno se mantiene en silencio y pospone pronunciarse hasta que no tenga en sus manos el informe del Consejo de Seguridad Nacional, mientras en el Partido Popular critican su indefinición.
