PSOE presenta 30 iniciativas parlamentarias para el cambio en 10 días

El diputado por la provincia de Cádiz en el Congreso, Juan Carlos Campo, ha reivindicado esta mañana en una rueda de prensa en Cádiz el papel del poder legislativo que, independientemente de lo que suceda con el debate de investidura, “debe establecer una actuación permanente porque es lo que reclaman los ciudadanos ya que nadie entendería que el Congreso, debido a las circunstancias, no realice su cometido”. Así ha defendido el magistrado gaditano la intensa actividad parlamentaria que ha llevado al Grupo Socialista a presentar 30 iniciativas en 10 días dirigidas a impulsar el cambio de Gobierno en España.
Campo ha repasado la función de control del Congreso sobre el Gobierno que, “al no haber gestión ordinaria es difícil que se pueda realizar, pero sí cabe el derecho de información” y así en éste ha situado la solicitud de comparecencia del Grupo Socialista a la ministra Agricultura para informar “sobre lo que está ocurriendo con las detenciones y con esa situación de la que los tribunales nos han dado cuenta con Acuamed”. Al mismo tiempo, el diputado socialista ha subrayado que “el vehículo fundamental de la acción de la cámara son las iniciativas que la Mesa tendrá que tomar en consideración,  y aunque el Gobierno puede tener derecho de veto cuando así lo considere oportuno porque afecten a créditos presupuestarios, salvo eso, el Parlamento tiene que seguir su trayectoria y tratar de resolver problemas de los ciudadanos”.
“El Gobierno podrá estar en funciones y apático, pero no lo están ni el Parlamento, ni el Grupo Socialista”, ha enfatizado para, a continuación, presentar el segundo paquete de medidas registradas en el Congreso porque, a su juicio, “la promoción de la igualdad, la recuperación de derechos y la lucha contra los recortes exige conciliación y acción”.
Frente a ese Gobierno en funciones “paralizado, con un presidente de agenda vacía”, Juan Carlos Campo ha asegurado que “el PSOE prosigue con su determinación de hacer realidad el cambio en España a través de una agenda social que devuelva los derechos y libertades perdidos a la ciudadanía y que inicie el camino hacia una regeneración democrática”.
De este modo, el PSOE está cumpliendo- valora el diputado- “plasmando nuestros compromisos electorales, en iniciativas parlamentarias, ya sean proposiciones de Ley o proposiciones no de Ley, que afectan a los derechos civiles, a los derechos sociales y de política económica, que ponen el foco en las personas”.
Ha reclamado “una Agenda Social Económica que urge en provincias como Cádiz donde la crisis se ha cebado especialmente con los trabajadores y con la que pretendemos revertir los recortes y pérdidas de derechos tras cuatro años de legislatura de Mariano Rajoy”. “Esto es lo que interesa a los ciudadanos. Que nos pongamos ya manos a la obra y a trabajar para solucionar sus problemas”.
El diputado por la provincia de Cádiz ha pergeñado en tres bloques las iniciativas registradas. En materia de derechos civiles, ha destacado la derogación de la ley mordaza, importante para una  provincia con un alto índice de contestación social y donde se producen de media dos mil manifestaciones al año. Campo explica que “la exposición de motivos la Ley dice que tiene como objetivo central sancionar conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación y ello es así aunque, según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, solo actuó la fuerza pública en menos del uno por mil de las mismas”. “Vino a establecer un nuevo marco jurídico donde se lleva a cabo una degradación, hasta hacerlos prácticamente irreconocibles derechos y libertades como los de expresión, reunión, manifestación, y huelga, entre otros, convirtiendo al ciudadano activo, al ciudadano crítico, en el enemigo de la seguridad, lo que provoca que, como la mayoría de las personas no cometen delitos penales cuando se manifiestan, se les impone con esta Ley el derecho administrativo del enemigo”, reflexiona el magistrado que aboga por volver a tener “ciudadanos con espíritu crítico y con capacidad de exteriorizar su descontento y no teniendo más límite en el ejercicio de esos derechos que los que ha fijado el Tribunal Constitucional y sus leyes reguladoras”.
En la misma línea, se plantea la derogación del artículo 315 del Código Penal para impedir que los sindicalistas que participan en huelgas y en piquetes informativos sean encarcelados como puede sucederle a los ocho de Airbus que están a punto de ser juzgados en Getafe.
“El Código Penal no debe servir para asfixiar la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales hacia las políticas del Gobierno”, se ha pronunciado, precisando que “el artículo 315.3 del Código Penal debe desaparecer de nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga”.
En relación a los derechos sociales, Campo ha recapitulado medidas como la ley de segunda oportunidad, recordando que “en la provincia de Cádiz, en el primer trimestre del año pasado, los desahucios crecieron casi un 22 por ciento y hay casos sangrantes como la capital gaditana donde la media está en cien lanzamientos al año”. “Planteamos recuperar el subsidio para mayores de 52 años fundamental en una provincia donde la mitad de los parados ya no percibe ningún tipo de prestación, así como la reactivación de la ley de Dependencia que, en el caso de Andalucía, sostiene a pulmón la Junta financiándola en un 80 por ciento y ya es hora de que el Gobierno ponga la parte que le corresponde, o sea el 50 por ciento”, ha explicado, al tiempo que ha llamado la atención sobre el desmantelamiento de la Ley de Dependencia que demuestran cifras como el número de altas de cuidadores no profesionales de personas dependientes en la Seguridad Social en la provincia de Cádiz que ha descendido en 10.732 personas durante el gobierno de Rajoy.
En la misma línea, el PSOE también aborda en su agenda los derechos de las mujeres, con dos iniciativas parlamentarias para la igualdad salarial de hombres y mujeres y para la conciliación de la vida familiar y laboral y corresponsabilidad entre hombres y mujeres. “La crisis ha devuelto a sus hogares a muchas mujeres, las mismas que atienden a familiares dependientes y ya no encuentran ese reconocimiento pero además un vistazo a los datos del paro del mes pasado también indican que el poco empleo que se crea, tiene voz masculina”, ha advertido.
“La iniciativa de igualdad salarial se basa en la propuesta que el PSOE presentó en la anterior legislatura y en las propuestas de conciliación del programa electoral como son aumentar el permiso de paternidad puesto en marcha por los socialistas y hacerlo intransferible entre el hombre y la mujer, un bonus para todas la mujeres por hijo, que repercutirá en las pensiones, y una prestación no contributiva para todas las mujeres, además de las medidas de teletrabajo, horarios racionales y la educación de 0 a 3 años”, ha precisado.
En materia económica, los socialistas piden la derogación del decreto de autoconsumo así como el cierre progresivo de las centrales nucleares que cumplen 40 años. En su opinión, “el sector energético está abocado a una profunda transformación, impulsada por el desarrollo tecnológico y la lucha contra el cambio climático y por eso queremos definir una política energética de largo alcance, que asegure a la ciudadanía el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación, desarrollo y generación de empleo, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, impulsando el autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad de suministro, y luchando eficazmente contra el cambio climático”. “Necesitamos un Pacto de Estado de la Energía”, ha zanjado.
Por último, Campo se ha referido a una iniciativa muy demandada por los gobiernos de las comunidades autónomas para abordar una nueva financiación autonómica “porque el modelo del PP, además de estar caduco, ha resultado letal para los intereses de Andalucía que ha dejado de percibir casi 5.000 millones de euros”. “Queremos un nuevo modelo que garantice la suficiencia y la igualdad de todos los ciudadanos de este país, hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan”, ha concluido.