El diputado por la provincia de Cádiz en el Congreso, Juan Carlos Campo, ha presentado esta mañana en una rueda de prensa en la capital el primer paquete de iniciativas que el PSOE ha registrado en la cámara para impulsar el cambio en España. Con ese bloque de medidas, el PSOE pretende marcar las prioridades legislativas dirigidas a lo más urgente, “a lo que podríamos denominar políticas de choque contra la pobreza y la desigualdad, para la recuperación de derechos sociales y la lucha contra la corrupción”.
“Podemos seguir contando con un Gobierno en funciones, podemos seguir contando, durante un tiempo, con ausencia de investidura, pero no nos vamos a parar y dejar de hacer algo que dijimos en campaña y es que no podemos perder ni un solo segundo para recuperar la confianza de los ciudadanos y el bienestar perdido”, ha precisado.
Así, los socialistas pretenden, por un lado, crear una agenda social para una recuperación económica justa que atienda a las necesidades más urgentes tras estos cuatro años de recortes y destrucción del Estado del Bienestar, y por otro, impulsar las reformas necesarias para afrontar el ineludible proceso de regeneración democrática que viene demandando la sociedad. “Es preciso dar pasos firmes para que los ciudadanos recuperemos la confianza en nuestras instituciones”, ha apostillado el magistrado.
En su primera rueda de prensa como diputado, Campo Moreno se ha reafirmado en que “la ciudadanía ha querido que el PSOE sea la fuerza mayoritaria del cambio en este país”, y por eso, en el caso de que Rajoy fracase en la formación del Ejecutivo, asegura que “el PSOE asumirá la responsabilidad de estudiar las posibilidades de acuerdo con otras fuerzas políticas para conformar un Gobierno progresista, social y de cambio, que rompa cuatro años de oscuridad y sufrimiento para la inmensa mayoría de los españoles y españolas con Rajoy”.
“Estamos en un momento crucial para España y Andalucía y el PSOE va a liderar con serenidad ese cambio que la ciudadanía quiere, como así ha expresado en las urnas el 20 de diciembre y sabrá afrontar con diálogo, como ha hecho siempre que ha gobernado, los desafíos territoriales como la cuestión catalana”, se ha pronunciado.
Así las cosas, el diputado ha precisado que “el PSOE siempre va a ser coherente, con nuestros compromisos ante la ciudadanía y con las decisiones adoptadas en el seno de la organización”. Y en consecuencia, asegura que “no vamos a apoyar nunca al PP en la formación del Gobierno de la Nación porque Rajoy y la derecha sólo han causado dolor y sufrimiento a la gente de este país”. “Tampoco vamos a negociar ni a llegar a acuerdos con partidos independentistas o formaciones políticas que pretendan la autodeterminación y referéndum de independencia de un territorio”, ha advertido, señalando al respecto que “Podemos tendrá que asumir y admitir ante la ciudadanía que será el causante de que este país y su gente no tenga un Gobierno progresista, de cambio y regeneración, si finalmente prioriza la autodeterminación o el tener cuatro grupos en el Congreso y lo antepone a la agenda social”.
Campo ha ido desgranando las propuestas socialistas como la derogación de la reforma laboral y aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, “negociado con los interlocutores sociales que recupere la negociación colectiva y restaure el equilibrio de poder entre empleadores y empleados”. Así, ha recordado que en esta provincia se han perdido por culpa de la reforma laboral más de 52.000 empleos, según las cifras de los sindicatos.
“Es precisamente en estos caminos en los que hay que afrontar con carácter inmediato elementos que contribuyan a recuperar el bienestar y por eso, se presenta también la subida del Salario Mínimo Interprofesional que en la etapa de Zapatero llegó a incrementarse hasta un 17 por ciento”, ha explicado al tiempo que también ha reivindicado la necesidad de “en una provincia con tanto paro y pobreza, establecer un Ingreso Mínimo Vital, como una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos y en situación de necesidad, sea cual sea la causa, como Prestación no Contributiva de la Seguridad Social”. En este sentido, también ha situado la lucha contra la pobreza energética “porque es inconcebible, en el siglo que estamos, que alguien por escasez de medios se vea privado de calefacción o suministros básicos”.
Juan Carlos Campo ha abogado por “revitalizar el pacto de Toledo, que fue un modelo en países del entorno, hoy resquebrajado” y se ha pronunciado a favor del impulso de una reforma fiscal de carácter progresivo”. Junto a las medidas económicas, el diputado socialista ha señalado la importancia de “alcanzar un acuerdo en algo en lo que solo ha habido desacuerdos como es la Lomce, de escasa aplicación en Andalucía”. Y en el mismo sentido, ha reclamado “la necesidad de acudir a ese gran pacto social, político e institucional, no solo en materia de educación sino también en la violencia de género y restablecer los mecanismos que permitieron que el 98 por ciento del arco parlamentario apoyase la Ley contra la violencia de género así como combatir con nuevos impulsos y coordinación de las administraciones implicadas esa lacra insostenible que nos sonroja como sociedad”.
En materia de Justicia, el juez gaditano con 28 años de carrera a sus espaldas, ha señalado que “hay que intentar ese pacto que permita derogar la ley que ha entrado en vigor a principios de diciembre y que acorta los plazos para las investigaciones en las materias más susceptibles para la ciudadanía y que por su complejidad necesitan tiempo de investigación, sobre todo, para lo que engloba a la corrupción pública y privada”.
Dentro del paquete de reformas dirigidas a la regeneración democrática, Campo ha situado asuntos como la prohibición de los indultos en los delitos de corrupción, la modificación de la Ley Electoral para suprimir el voto rogado, la recuperación de la pluralidad e independencia en la RTVE y una actualización del Reglamento del Congreso, entre otras.
Por último, junto al blindaje de la sanidad, ha asegurado que el PSOE también derogará la reforma de la administración local con la que también el PP ha pretendido hacer caja a través de la privatización de los servicios, evitando los problemas que puede acarrear a 29 municipios de menos de 20.000 habitantes y a 11 Entidades locales autónomas de la provincia.
