Invitan a los políticos a visitar la UCI antes de aprobar la ley

Expertos en cuidados paliativos han aprovechado el “parón electoral” para invitar a los políticos a visitar las unidades de cuidados intensivos (UCI) antes de que se retome el debate parlamentario sobre la Ley de Muerte Digna, para que, gobierne quien gobierne, la iniciativa salga mejorada.

“Que pregunten lo que quieran, que hablen con las familias y escuchen a los profesionales; no hace falta que lleven a nadie a su lado y tampoco necesitan avisar a la prensa antes. Después de esa experiencia sabrán por dónde empezar para devolver dignidad al final de la vida o qué se puede mejorar en el texto de esa ley”, ha dicho Carlos Centeno, paliativista con más de veinte años de experiencia.

Centeno dirige el grupo de trabajo de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos (EAPC), reunido por primera vez en España y que lleva a cabo un estudio en el que participan 53 países y más de 150 profesionales para obtener la “radiografía europea y española” de la situación real de los cuidados paliativos.

Tanto este experto como el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), Javier Rocafort, han expresado su disconformidad con algunos artículos del proyecto legistalivo que se aprobará en la próxima legislatura.

Después de que el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciara que será lo primero que haga si gana los comicios y, conscientes de que el PP también tiene su propia iniciativa, creen que los parlamentarios deberían modificar su articulado conociendo in situ como funcionan las unidades de cuidados paliativos.

Lo que menos gusta a los profesionales es que en el texto se garantice el derecho del paciente “a decidir libremente sobre las intervenciones y el tratamiento a seguir”, incluidos “los cuidados necesarios para evitar el dolor y el sufrimiento”.

Entienden que la buena práctica médica queda eliminada, de tal forma que el médico tiene la obligación de administrar al paciente una sedación que puede no estar indicada.

El proyecto sostiene que “el paciente tiene derecho a recibir cuando lo necesite sedación paliativa, aunque ello implique un acortamiento de la vida”, una frase que, según consideran, se presta a la interpretación de que es el enfermo el que puede exigir esta decisión.