Lo ha hecho a través de un real decreto ley al que ha dado luz verde en el Consejo de Ministros y que recoge las propuestas de austeridad aprobadas por el Consejo Interterritorial de Salud para "aliviar las dificultades financieras" en los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, informa el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en una nota.
Con estas medidas de "austeridad", el Ejecutivo prevé un ahorro para el SNS de unos 2.400 millones de euros al año y de 167 millones en la aportación a los ciudadanos
La iniciativa recoge la obligación de los médicos de recetar los fármacos por principio activo y no por su marca comercial, y a partir de esta prescripción, se dispensará en las farmacias el medicamento o producto sanitario más barato.
"Los botiquines de nuestras casas no pueden acabar rebasando medicamentos sin utilizar, medicamentos caducados que pagamos todos con nuestros impuestos, pero que muchas veces ocurre", ha señalado el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
Blanco ha dicho que se trata de "mejorar la gestión del gasto" y que se puede ahorrar manteniendo la calidad de la sanidad pública".
El paciente tendrá el mismo medicamento, con la misma composición y con la misma dosis y los mismos resultados, pero con un precio menor, ha asegurado el portavoz del Ejecutivo.
El texto aprobado contempla, asimismo, modificaciones en el sistema de precios de referencia para agilizar el procedimiento de creación de nuevos conjuntos homogéneos de medicamentos, así como sus precios de referencia.
Para ello, indica Sanidad en la nota, cada nuevo conjunto y la fijación de su correspondiente precio de referencia se crearán de forma inmediata, después de la inclusión en la financiación pública del primer genérico perteneciente al medicamento de referencia.
Se suprime la posibilidad que hay en la actualidad de que la rebaja de un medicamento que debe incorporarse a un conjunto con precio de referencia se haga de forma gradual en dos años y a partir de ahora deberá ser inmediata sin aplicar periodo transitorio.
El real decreto ley abarca la aplicación de una rebaja del 15 por ciento del precio de los medicamentos con más de diez años desde su registro y que no dispongan de un genérico.
Según el Ministerio, para mejorar la financiación selectiva y "no indiscriminada" de medicamentos por parte del SNS, se introducen distintos criterios, como la gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para los que resulten indicados; las necesidades específicas de ciertos colectivos; o el valor terapéutico y social del fármaco y su beneficio clínico, entre otros.
Dentro del ámbito del uso racional de los medicamentos, la iniciativa establece que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) trabaje en la adecuación del contenido de los envases de los medicamentos a la duración real de los tratamientos de acuerdo con la práctica clínica.
Además, una vez dispensado el medicamento, los farmacéuticos podrán facilitar sistemas personalizados de dosificación a los pacientes que lo soliciten, de cara a mejorar el cumplimiento de los tratamientos.
El texto establece un sistema de compensación para las farmacias ubicadas en núcleos pequeños de población, aislados o socialmente deprimidos, a través de un índice corrector del margen comercial de los establecimientos.
Estas compensaciones, se percibirán con la factura mensual y podrán alcanzar un máximo de hasta 10.000 euros al año, es decir, 833 euros al mes.
En el ámbito de las nuevas tecnologías, el Gobierno, en coordinación con las autonomías, deberá establecer en el plazo de seis meses un formato único y común de tarjeta sanitaria.
Del mismo modo, antes del 1 de enero de 2013 las administraciones sanitarias deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar "la interoperabilidad y el intercambio de datos en todo el SNS mediante la historia clínica digital y la receta electrónica".
Otra de las novedades es la elaboración, en el plazo de seis meses, de una estrategia de coordinación sociosanitaria, que contará con la participación del Ministerio, las CCAA y las organizaciones ciudadanas, los profesionales y las empresas del sector.
